Corrupción S: crece el escándalo por las estafas en Salud y en el IOMA

Ordenaron nuevas detenciones. En tanto, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata negó la eximición de prisión solicitada para el extitular de la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones durante el gobierno de Scioli, que continúa prófugo

La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata negó la eximición de detención al extitular de la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones durante el gobierno sciolista, Carlos Sanguinetti, acusado de presunta estafa al Ministerio de Salud de la Provincia. En tanto, tras la negativa del tribunal de alzada, solicitaron la captura nacional e internacional. 

Sanguinetti actualmente se encuentra prófugo. La Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata viene solicitando su captura, que es extensiva a otra exfuncionaria del área de Adicciones: Viviana Calleghi, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como directora asociada del Hospital Zonal Especializado Reencuentro de La Plata. Ambos están implicados, junto a distintos proveedores, en un fraude con la compra de insumos para centros de adicciones y hospitales durante la gestión del exgobernador bonaerense, Daniel Scioli. Afrontan tres graves cargos: asociación ilícita, fraude al Estado provincial y negociaciones incompatibles con la función pública. Esta maniobra, además, se relaciona con el robo y la venta clandestina de drogas oncológicas de alto costo en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en lo que fue un escándalo revelado en exclusiva por el diario Hoy el 6 de diciembre del año 2011. 

Las conexiones entre las estafas en Salud y en IOMA aparecieron a partir del análisis de una serie de escuchas. Al igual que en otras causas de corrupción en la obra pública, se presentaba una empresa verdadera y otras truchas, y se direccionaba la compra de insumos a la que se quería beneficiar.

Ayer, la Justicia también solicitó la detención de otros implicados: Víctor Hugo Shama, Víctor Casares y Juan di Meglio. Por su parte, Hernán Azzarri y Leonardo Paci continúan detenidos: sus abogados, en caso de que la solicitud de excarcelación sea rechazada, no descartan solicitar la prisión domiciliaria.

Tanto Paci como Shama se encuentran involucrados en el escándalo de los oncológicos y estuvieron presos en el año 2013. Pero quedaron en libertad a partir de una polémica “excarcelación extraordinaria” otorgada por el juez de Garantías de La Plata, César Ricardo Melazo, quien por estos días está siendo sometido a un jury a raíz de pesadas denuncias en su contra.

En la causa de los oncológicos, Shama está acusado por haber sido supuestamente el nexo entre los funcionarios de la obra social y las farmacias que actuaban como mercado negro de los medicamentos. Poco le importó eso a Melazo que, cuando ordenó su liberación en el año 2013, solo le fijó $25.000 de fianza porque se le imputó el delito de asociación ilícita y no el de los fraudes reiterados.

“Nosotros investigamos y denunciamos cómo Shama junto con dos exfuncionarios del IOMA del área de farmacia, Marcelo Piergiácomi y Sergio Massaccesi, triangulaban medicamentos de alto costo, del Plan Meppes, con las farmacias. A su vez, Paci se encargaba de la distribución”, le dijo a diario Hoy el titular de la Asociación de Profesionales del IOMA, Idelmar Seillant.

En la causa por las estafas en el Ministerio de Salud, Melazo también hizo gala de liberar personajes vinculados a la corrupción. Por eso excarceló a la exdirectora de Contabilidad durante el gobierno de Scioli, Beatriz Priolo, que se encontraba detenida en la comisaría de Villa Elisa, luego de que pagara una fianza de 100.000 pesos, informaron fuentes judiciales. Priolo está involucrada de diversas irregularidades junto con Azzarri, que cumplía funciones en el área del Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas. 

También llama la atención el bajo monto fijado para la fianza, teniendo en cuenta que a Priolo se la acusa de tres graves cargos: defraudación a la administración pública, asociación ilícita y negocios incompatibles con la función pública. Cabe destacar que en causas similares de corrupción, como las ocurridas en el Astillero Río Santiago, algunas de las fianzas superan el millón de pesos, y los imputados no afrontan tantos cargos.

El accionar del juez Melazo genera dudas también por no avanzar sobre los funcionarios con altos cargos durante el gobierno anterior. Sigue llamando la atención que no se ordene la detención de Daniel Pérez, que era jefe de Priolo y estaba a cargo de la Subsecretaría de Administración de la cartera sanitaria.

La estafa cometida en el Ministerio de Salud bonaerense durante el gobierno del exgobernador Daniel Scioli sería apenas “la punta del iceberg” de una red de corrupción mucho más grande.