Cristina y sus funcionarios mostraron sintonía en las indagatorias sobre obras públicas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los funcionarios de su gobierno que ocuparon cargos sensibles en cuanto al manejo de la obra pública se mostraron en sintonÍa esta semana al ser indagados por el presunto direccionamiento de las licitaciones de obras viales en favor de Lázaro Báez. 

Los imputados, entre los que se destacan el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su detenido subsecretario José López, cuestionaron el manejo de la causa, denunciaron persecución política y reclamaron que se audite toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015.

Los acusados se despegaron del detenido titular de la firma Austral Construcciones; afirmaron, cada uno a su manera, que no quisieron beneficiarlo y se apegaron a una misma modalidad de declaración: todos hicieron su descargo en forma oral u escrita y se negaron a responder preguntas. 

Cómo fueron las indagatorias 

Cada uno abordó su indagatoria desde su lugar específico: la ex presidenta y De Vido apuntalaron la cuestión política, mientras que los siguientes dos ex funcionarios detallaron cómo se manejaba la secretaria de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad Nacional. 

Como era de esperarse, todos rechazaron ser parte de un engranaje diseñado para que Báez se volviera millonario y luego, según la teoría de los fiscales que intervienen en el caso, retornara al ex matrimonio presidencial parte de la fortuna a la que tuvo acceso como concesionario de obra pública. 

El camino lo marcó la ex presidenta durante su declaración indagatoria del lunes cuando le dijo al juez federal Julián Ercolini y a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que ella no es "socia, ni menos amiga" de Báez.

La ex jefa de Estado fue la primera en declarar en la ronda de indagatorias dispuestas por el juez Ercolini, le imprimió a su declaración un fuerte contenido político y aprovechó para cuestionar a funcionarios del actual gobierno.

La ex mandataria fue la primera en solicitar que se realizara una auditoría de la obra pública realizada durante toda la gestión de Frente para la Victoria en todo el país y sugirió que la investigación en su contra era sesgada por estar enfocada solo en la provincia de Santa Cruz.

Tras calificar como "ridículo" que fueran imputados varios ministros y secretarios de Estado, Fernández de Kirchner pidió que se pusiera atención a las obras adjudicadas por el anterior gobierno y por el actual a un contratista: Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente Mauricio Macri.

El segundo en pasar por los tribunales federales de Comodoro Py fue el diputado De Vido: el martes presentó un escrito en el que denunció que se busca "criminalizar" a la ex presidenta y tapar con causas judiciales las "deficiencias" del actual Gobierno.

Al día siguiente fue el turno de Báez, quien no se mostró alineado con los ex funcionarios sino que, por el contrario, su abogado Maximiliano Rusconi sostuvo que está siendo juzgado por los mismos hechos que ellos a pesar de que el no ocupaba ningún cargo público y pidió la nulidad de la acusación.

El jueves le tocó declarar a López, el ex funcionario que fue detenido cuando lo descubrieron intentando esconder bolsos con millones de dólares en un convento, quien retomó el hilo de las declaraciones políticas, pidió que se lleve a cabo una investigación en todo el país y dijo que no hubo "arbitrariedad" en el manejo de la obra pública. 

Tras reconocer que fue el autor del Plan de Nacional de Obras Públicas, el ex subsecretario sostuvo no era el responsable de llevar a cabo las licitaciones ni de auditar los procesos de adjudicaciones de cada una de las obras. 

López también sostuvo que la Dirección de Vialidad Nacional era la responsable de las licitaciones de las obras viales y cuestionó el informe realizado por el actual titular de ese organismo, Javier Iguacel, quien antes fue candidato a intendente de un municipio por Cambiemos. 

Hoy, el ex titular de Vialidad Nacional en el kirchnerismo, Nelson Periotti, sostuvo que "jamás" pretendió beneficiar a Báez "ni a su grupo empresario, para garantizarle un lucro indebido a costa del patrimonio del Estado" y que Santa Cruz no tuvo "más obras viales que el resto de las provincias". 

La semana que viene le tocará declarar al ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y otro ex funcionario de apellido rimbombante: Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo del ex presidente. 

Resta ver cuáles serán las medidas procesales a partir de estas declaraciones indagatorias, aunque no se descarta que pueda haber nuevas convocatorias a declarar a las personas citadas por Báez, Cristina Kirchner y sus ex funcionarios e incluso la posibilidad de algún careo.