Denuncia de Nisman a CFK: afirman que se descartaron 50 medidas de prueba

Mariano Borinsky señaló que el juez de primera instancia no hizo lugar a las presentaciones del fiscal. Justificó el apartamiento de Rafecas y dos camaristas. La causa del fallecido titular de la UFI-AMIA contra Cristina y otros imputados se reanudará una vez que el fallo quede firme

A  poco más de una semana para que finalice la feria judicial y vuelva a entrar en escena la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner, Mariano Borinsky, uno de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenaron reabrir la investigación, remarcó que se descartaron cerca de 50 medidas de prueba del caso.

“Lo que consideró la Cámara de Casación Penal es que esos fallos de la desestimación habían sido prematuros”, sostuvo Borinsky, quien, junto con sus colegas Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, decidió a fines del año pasado reabrir la denuncia presentada por Nisman días antes de morir. 

De esa manera, los magistrados de la Sala I revocaron los fallos del juez de primera instancia Daniel Rafecas y los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, quienes la desestimaran en dos ocasiones. Un día después de la resolución se conoció que será el juez Ariel Lijo el encargado de la nueva investigación. 

Una vez que la Justicia reanude su actividad normal, el abogado Alejandro Rúa, quien representa al excanciller Héctor Timerman, también acusado por Nisman, dijo que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que revea la decisión de la Casación. En caso de que el fallo quede firme, Lijo tendrá que volver a empezar de cero. 

Pruebas clave, afuera

“No se había siquiera iniciado la investigación, no se había hecho lugar a las medidas de prueba solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Con la finalidad de la averiguación de la verdad, lo mínimo que debía hacerse era una investigación”, sostuvo Borinsky.

En este marco, explicó que el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, “seguramente insistirá con abrir la instrucción a través de unas 50 medidas de prueba, que consisten en declaraciones testimoniales, cruces de llamados, el pedido de informes a Migraciones sobre el ingreso y egreso de personas al país, entre otras”.

El magistrado federal recordó que “esas medidas también fueron solicitadas ante Casación por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), entidad cuya presentación derivó en la reapertura de la causa luego de dos años de una pulseada judicial y política”. Además, argumentó que un juez tiene facultades para “tomar estas medidas de prueba, delegar la investigación o hacerlas él directamente”, pero consideró que “hay que ver qué sucede al final de la feria judicial”.

“Con posterioridad a la denuncia hubo distintas declaraciones testimoniales, presentaciones de la diputada (Elisa) Carrió y de (Graciela) Ocaña, que aportaron su documentación, y testimonios de periodistas”, entre otros elementos que podrían incorporarse a la investigación, sostuvo el magistrado.

Borinsky también especificó que “la denuncia implica una hipótesis delictiva que debe ser corroborada a lo largo de la instrucción o no. Las medidas de prueba son las que no se hicieron y son las que la Cámara pide para ver si esa hipótesis puede o no verificarse”.

Por otra parte, Borinsky hizo referencia sobre el rol tanto del juez de primera instancia como de los camaristas, a quienes se apartó de la investigación “para garantizar la imparcialidad del juzgado”. 

“El juez de primera instancia y la Cámara habían considerado que no había delito sin haber efectuado las medidas de prueba y, como ya habían tomado esa posición en dos ocasiones, Casación consideró prudente apartar a esos magistrados y elegir a un nuevo juez por sorteo”, indicó. 

Nisman había sido designado por Néstor Kirchner en 2004 a través de la creación de una Unidad Especial para investigar el ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. Once años después, el 18 de enero de 2015, el cuerpo sin vida del fiscal fue hallado en su departamento de Puerto Madero.

Cuatro días antes, había presentado una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado, que se habría orquestado con la firma del memorándum con Irán, que finalmente fue declarado inconstitucional. 

En su acusación, el fiscal no solo había mencionado a la expresidenta y a Timerman, sino también al dirigente piquetero y proiraní Luis D’Elía, Fernando Esteche (Quebracho), el diputado Andrés Larroque y supuestos allegados a la embajada de Irán.