Denuncian al Gobierno por no entregar medicamentos oncológicos
Marisa Graham, titular de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, presentó un amparo ante la falta de medicación para menores con enfermedades complejas.
La Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un amparo judicial con el objetivo de que el gobierno de Javier Milei otorgue la medicación correspondiente a menores que padecen enfermedades de alta complejidad, incluidos tratamientos oncológicos. Vale recordar que la entrega de estos fármacos fue interrumpida por la administración libertaria desde hace meses.
En declaraciones radiales, la titular de la institución confirmó la presentación de la medida judicial y manifestó que lo que exigen desde la institución que respalda los derechos de las infancias es que el Gobierno nacional cumpla la ley vigente.
“Hicimos un amparo judicial donde reclamamos la entrega de medicamentos de enfermedades de alta complejidad que el Gobierno dejó de proveer”, indicó Graham.
Según la Defensora, el amparo “obliga” al Estado Nacional a “resolver en un plazo de 10 días los expedientes administrativos que lleven 60 días de demora en su respuesta”, y exige “adecuar todos los expedientes en trámite en el plazo de 20 días”.
La apelación del Gobierno
Por su parte, la administración del presidente Javier Milei apeló el recurso de amparo presentado el 2 de enero ante el Juzgado Federal N° 2. Según Graham, este recurso judicial es una medida cautelar que tiene como objetivo garantizar que los menores, en su mayoría pacientes con enfermedades oncológicas, reciban medicamentos de alto costo. La Defensora destacó que la acción busca asegurar el acceso a tratamientos esenciales para los niños y adolescentes afectados.
Los Derechos de los Menores
Cabe señalar que el amparo fue promovido en conjunto con la Asociación Civil Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) y la Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
En sus declaraciones, la titular de la institución remarcó en que esta situación representa una grave vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. “Lo único que pedimos es que se cumpla con lo que dicta la ley”, remarcó Graham.
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