El ajuste a universidades representó más de un 30%

Luego de lo que fue la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, varias consultoras pusieron en números lo que representa el ajuste que llevó adelante el Gobierno nacional sobre la educación universitaria.

Esta segunda consultoría durante la gestión de Javier Milei busca defender la universidad pública y presionar al Congreso para que ratifique la Ley de Financiamiento Universitario ante el veto presidencial que finalmente llegó este jueves.

La norma ajusta el presupuesto universitario por inflación, retroactivo al 1° de diciembre del año pasado, tanto para gastos en funcionamiento como para salarios. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo total de la ley representa un gasto de 0,14% del PBI: por la baja de Bienes Personales el Estado dejó de percibir 0,40%.

Con la implementación de la ley, se recuperaría en parte el ajuste aplicado a las universidades nacionales. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), las transferencias devengadas de la administración central a universidades nacionales para financiar gastos corrientes entre enero y septiembre tuvieron una caída real de 30,2% con respecto al mismo período de 2023.

En complementación, en uno de sus informes el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó que las transferencias devengadas del Gobierno nacional a las universidades nacionales entre enero y julio se desplomaron un 34% con relación al mismo tramo del 2023.

Al respecto, cabe destacar que la inflación interanual de agosto fue del 244,39%, mientras que los sueldos universitarios crecieron tan solo 186,9%. En este camino, de acuerdo con una investigación de Chequeado, en el caso de docentes, los salarios cayeron un 23,21% desde noviembre. A su vez, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), difundió el dato que 6 de cada 10 trabajadores nodocentes ganan por debajo de la línea de pobreza, que es cercana a 940 mil pesos.

Ley de Financiamiento Universitario

El proyecto de ley, impulsado por el radicalismo, aumenta los recursos para las Universidades nacionales, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y propone incrementos salariales para los docentes y nodocentes. Asimismo, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades y fija que, cada dos meses, deberá ajustar los presupuestos de las universidades de acuerdo a la inflación.

Uno de los puntos centrales de la norma es el mencionado ajuste salarial atado a la inflación. De esta forma se establece que los salarios docentes y nodocentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente Ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante ese período. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia solo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las universidades nacionales.