El entramado corrupto para la provisión de medicamentos
Cuando un medicamento ambulatorio supera el costo de lo que se puede pagar con la cobertura del IOMA, se hace lo que se denomina “un trámite de excepción”, donde el afiliado debe remitir una nota al Directorio solicitando la cobertura al 100%.
Si la decisión del directorio es positiva, la entrega del medicamento se instrumenta mediante la resolución 1256/02. Esta resolución se hizo en su momento para cumplir con la Ley de Discapacidad. Pero después se habría ampliado para cubrir cualquier tipo de medicamento. Y posibilitó que empleados administrativos, que no son médicos, comenzaran a cargar las órdenes de medicamentos en el sistema informático.
Las fuentes consultadas por Hoy afirmaron que era tan discrecional el sistema que “hasta se llegó al punto de cargar crema para la celulitis”, amparándose en la resolución 1256.
Agregaron: “Un ejemplo ilustrativo: un médico prescribe dos envases de una droga oncológica y se inicia un trámite de excepción, con un escrito al directorio, pidiendo la cobertura del 100%. El kiosco se empieza a armar cuando el control de los auditores se hace en papel, y ese papel va a parar a un administrativo. Y resulta que ese administrativo en vez de 2 envases, carga 20 envases en el sistema. Así es como esos 2 envases que pidió el afiliado se los terminan llevando al domicilio mediante un delivery (hay camionetas del IOMA dispuestas para esa función), y los otros 18 envases van a parar al mercado negro, reintroduciéndolas nuevamente en el sistema comercial a través de una farmacia o una droguería amiga”.
En otras palabras, el sistema informático que permite la carga de los trámites de medicamentos de alto costo (Meppes) está viciado absolutamente y habría sido diseñado convenientemente para “la estafa y el robo”.
Entre otras irregularidades, también se habrían cargado oncológicos con el número de afiliado de personas que estaban fallecidas desde hacía varios meses, lo que alimentó el circuito de venta ilegal de las drogas de alto costo Y habría sido posible porque no existe una adecuada articulación del IOMA con el Registro de las Personas de la Provincia. Esto fue denunciado oportunamente por el exsenador Luis Malagamba y publicado por el diario Hoy en diciembre de 2011, siendo el inicio de la investigación que, un año y medio más tarde, terminó en allanamientos al tercer piso de la obra social y en las 10 detenciones.
Radiografía de un arreglo
“¿Cómo se arregla con la farmacia y el laboratorio? Muy simple, el auditor o el administrativo carga en el sistema 20 ampollas de paclitaxel (droga para el cáncer de mama cuyo precio promedio por 1 ampolla es de $1500 valor de hace 2 meses, marca comercial Taxol). Si se multiplica 20 x 1500=$30000. En ese caso, la paciente necesita para su tratamiento mensual 3 ampollas en promedio y el resto, o sea 17, quedan para vender en el mercado negro o para devolverlas al laboratorio y que entren nuevamente en el circuito. Una modalidad muy parecida a que utilizaba Sebastián Forza, uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez”, dijeron fuentes estrechamente vinculadas con la causa judicial.
“También hay recetas fraguadas. ¿Por qué? Al venderse por blíster es común que, por ejemplo, un farmacéutico diga que no tiene Risperidona de 50, que es un medicamento de psiquiatría, y ofrece uno 30. Entonces le dan al afiliado el envase de 30, y 20 de otro envase. El segundo troquel se queda en la farmacia. Y el troquel significa el pago a la farmacia, quedando un remanente de 10 unidades que también podría terminar en el mercado negro”, concluyeron las fuentes.
Un pacto de impunidad
El Frente para la Victoria y el massismo impidieron que, en la última sesión que se realizó en la Cámara de Diputadas, se aprobaran una serie de iniciativas que van desde la declaración de solicitud de renuncia a todo el directorio del IOMA y otros funcionarios, un proyecto para democratizar el directorio (permitiendo que los afiliados puedan elegir sus representantes), pedidos de interpelación y la conformación de comisión investigadora.
Juan Carlos Juárez, diputado del Gen-FAP, señaló que “lo que solicitamos es la intervención de la obra social, para eliminar la sospecha sobre los que están hoy en el directorio”.