El Gobierno advierte riesgos en el acuerdo con Trump
El fallo de la Corte de EE. UU. obliga a revisar aranceles y genera incertidumbre en el pacto bilateral.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló los aranceles recíprocos impuestos por Donald Trump en abril de 2025, abrió un escenario complejo para el Gobierno nacional. Desde Casa Rosada reconocen que la decisión judicial obliga a revisar algunos puntos del acuerdo comercial firmado con Washington, ya que parte de los beneficios previstos se basaban en la eliminación de esas tarifas. El Tribunal Supremo declaró que la facultad de fijar aranceles corresponde al Congreso y no al Ejecutivo, lo que llevó a Trump a acatar la medida aunque lanzó de inmediato un nuevo esquema de gravámenes globales del 15% por 150 días. Este cambio genera dudas sobre la vigencia del pacto con Argentina, firmado el 5 de febrero, que incluía la retrotracción de aranceles a productos primarios.
Revisión técnica del acuerdo
Consultoras como Outlier advierten que el nuevo marco legal obliga a reescribir secciones del acuerdo, ya que los aranceles que justificaban parte del texto ya no existen. Desde el Ejecutivo aseguran que el entendimiento no pierde sustento y que cualquier modificación será negociada de buena fe. La Cámara Argentina de Comercio también admitió que podrían introducirse anexos, aunque destacó la voluntad de Estados Unidos de mantener lo pactado. Sin embargo, la incertidumbre persiste ya que los beneficios para Argentina se podrían reducirse.
Impacto político y económico
El acuerdo conserva sentido para Washington por ventajas en patentes, exportaciones y explotación minera, pero para Argentina los resultados aparecen más endebles. La posibilidad de reelaborar algunos puntos podría alargar los tiempos de entrada en vigencia, ya que el texto aún no fue enviado al Congreso para su ratificación.
Más allá de cuestiones técnicas, la Casa Blanca insiste en que los compromisos se cumplirán y que los acuerdos comerciales ya pactados se mantienen vigentes. Aunque el fallo judicial modificó el escenario y obliga a revisar aspectos técnicos, desde el Gobierno argentino se busca sostener la confianza en el pacto y remarcan que cualquier ajuste será negociado. En este contexto, se abre una instancia de renegociación que podría permitir actualizar el acuerdo y reforzar la relación bilateral, con la expectativa de preservar beneficios para ambas partes.
