El Gobierno despidió al 85% de la planta del ex Ministerio de la Mujer

El Gobierno de Javier Milei anunció ayer un recorte del 85% de la planta de lo que pertenecía al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, en el marco de la baja de contratos estatales que se realiza de forma trimestral.

Así lo comunicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo que generó la rápida reacción de las trabajadoras que denunciaron el vaciamiento de las políticas públicas para combatir la violencia de género y exigieron la reincorporación de los trabajadores.

“Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a todos los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, especificó el funcionario nacional a través de su cuenta de X.

De inmediato, desde ATE hicieron público un comunicado en el que cuestionan la decisión de la administración libertaria y hablan de un vaciamiento del programa para combatir la violencia por motivos de género.

“Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos”, se expresaron al respecto.

Para las exempleadas, “el Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad, incumpliendo así los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de derechos humanos”.

“Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Justicia se jactan en medios de comunicación anunciando que habrá más despidos y se contradicen afirmando que darán cumplimiento a la normativa vigente, siendo esto imposible ya que las políticas públicas que lo hacían no se sostienen sin las trabajadoras y trabajadores especializados que están despidiendo”, denunciaron respecto a los dichos de Cúneo Libarona.

Asimismo, especificaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la atención a personas en situación de violencia y riesgo, desconociendo las especificidades reconocidas por la Ley 26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de género”.