El Gobierno limita su asistencia a personas en situación de calle

El Gobierno nacional volvió a retroceder en materia de derechos sociales. A través del Decreto 373/2025, modificó la Ley 27.654, vaciando de contenido la política pública para personas en situación de calle. De esta manera, en lugar de actuar como garante directo, el Estado se limitará a establecer lineamientos generales como “órgano rector”. Su rol en la asistencia directa quedará reservado a situaciones en las que las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean insuficientes.

Con esta decisión, el Ejecutivo se desentiende de una crisis en aumento, delegando casi por completo la responsabilidad a los gobiernos locales, que en muchos casos carecen de los recursos necesarios para enfrentarla. Al mismo tiempo, se eliminó la obligación de mantener los programas existentes, lo que abre la puerta a recortes encubiertos.

Cabe mencionar que la nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Este organismo tendrá la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.

De esta forma, bajo un discurso de eficiencia que esconde abandono, el Gobierno busca ceder funciones esenciales, dejando a los sectores más vulnerables en una situación crítica.