El oficialismo dilata la sanción de la Ley Nacional de Alquileres

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado. Sin embargo, desde fines del año pasado duerme en la Cámara baja, donde intentan introducir una contrapropuesta con beneficios para las constructoras

El Gobierno nacional busca frenar la sanción de una ley de protección a inquilinos, que intenta equilibrar la balanza de poder entre los derechos de quienes alquilan y los del mercado inmobiliario. La iniciativa, que tiende a ser el preludio de una Ley Nacional de Alquileres, obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, donde en noviembre del año pasado fue votada por unanimidad.

Llevado al Congreso por la asociación Frente de Inquilinos Nacional, que nuclea a organizaciones de arrendatarios de todo el país, el proyecto plantea la actualización por inflación de los valores del arriendo de forma interanual y del depósito realizado en concepto de garantía por los locatarios. También extiende el plazo de los contratos a tres años y determina que dos meses antes de finalizado el convenio, las partes deben reunirse para establecer las condiciones de la renovación.

En su ingreso a la Cámara baja, el expediente fue girado a la comisión de Legislación General que preside el oficialista Daniel Lipovetzky. Nunca salió de allí.

“Cuando nos reunimos con el titular de la comisión, a principios de este año, nos dijo que esto no iba a avanzar hasta tanto no tuviera una respuesta del Ejecutivo. Es decir que desde el primer momento ellos tenían en la cabeza producir una contrapropuesta, la certeza de que el proyecto, así como estaba, no iba a salir”, dijo German Schierff, de la Asociación Platense de Inquilinos.

El contraproyecto

En efecto, el legislador Lipovetzky elaboró otra iniciativa, con la que ahora busca el consenso de las organizaciones de defensa de inquilinos. El proyecto de ley oficialista es muy similar al que la Cámara alta aprobó por una­nimidad, aunque introduce una cláusula por demás llamativa. Se trata de excenciones impositivas para los constructores de viviendas destinadas a ser alquiladas.

Además, le pone un límite de $15.000 mensuales a los beneficios indexatorios para inquilinos, lo que, para los autores del proyecto aprobado en el la Cámara baja, es una “maniobra dilatoria”.

“El único objetivo de esos cambios es dilatar y tergiversar el verdadero debate que deben dar los diputados, sin pagar el costo político que implica votar en contra de una ley aprobada por unanimidad en el Senado y con amplio consenso de la sociedad”, aseguraron los inquilinos.Y agregaron: “Nosotros creemos que estas modificaciones a la iniciativa po­drían ir tranquilamente en otros proyectos, y que esto tiene como fin dilatar el tratamiento de la ley hasta después de las elecciones”.

Por otra parte, plantearon que “ese valor que Lipovetzky propone de $15.000 como tope no refleja la cuestión federal, porque ya la gente de la Patagonia nos planteó que ese proyecto dejaría excluidas a muchísimas viviendas. Allá los alquileres son muy caros”. También cuestionaron: “Mientras hay un tope para los alquileres, para la construcción no. Eso significa que si un empresario construye viviendas de lujo por arriba de los $15.000 en un edificio, va a tener beneficios fiscales pero va a poder alquilar sin las reglamentaciones de la ley”.

Desde el Frente de Inquilinos Nacional ven en el contraproyecto “una especie de caballo de Troya”. Según observan, “detrás de un supuesto proyecto social, están metiendo beneficios para un sector de la construcción”.

Cuestión de diagnóstico

El argumento de Cambiemos es que el valor de los alquileres se dispara por la falta de viviendas construidas con ese fin; de ahí la inclusión de un punto que beneficie impositivamente a las constructoras.

Para las asociaciones de inquilinos “el problema es la concentración de la vivienda, es decir, que hay un montón de edificación que se construye con fines especulativos, no para habitar”. “Solo en la Ciudad de Buenos Aires, hay 300.000 viviendas vacías”, aseguraron.

Lo cierto es que mientras la iniciativa duerme en la Cámara de Diputados, la sanción de la norma sigue dilatándose.

Proyecto del Frente de Inquilinos Nacional

-Extiende el plazo mínimo del contrato de alquiler de dos a tres años

-Establece que los aumentos de precio deben ser anuales y en base a un número oficial obtenido a través del promedio del índice de inflación (IPC) y el del salario (CVS) 

-Dispone que el depósito devuelto al finalizar el convenio debe estar indexado

-Reduce el valor del depósito en garantía al equivalente a un mes de arrendamiento

Proyecto del oficialismo

-No incluye la extensión de dos a tres años en los contratos de locación

-Condiciona la aplicación del índice de actualización de valores a contratos de hasta $15.000 mensuales

-Agrega otra iniciativa con beneficios fiscales para los constructores de viviendas destinadas a ser arrendadas