Envío de armas a Bolivia: imputaron a Macri y a Bullrich por contrabando agravado
Así lo dispuso el fiscal Navas Rial, quien ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación. Podría citar a indagatoria al expresidente y a sus funcionarios.
El fiscal Claudio Navas Rial imputó al expresidente de la Nación Mauricio Macri, a su exministra de Seguridad Patricia Bullrich y a otros funcionarios de la gestión de Cambiemos por el delito de presunto “contrabando agravado” de material bélico a Bolivia en 2019.
En este marco, el representante del Ministerio Público también impulsó la investigación penal contra el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García, el gendarme Rubén Carlos Yavorski, que fue quien tramitó la salida del armamento del país en noviembre de 2019, y Carlos Miguel Recalde, quien intentó justificar que no había vuelto ni una sola bala de las 70.000 que habían mandado a Bolivia meses antes.
Según Recalde, a esas municiones las habían usado en entrenamiento los gendarmes del grupo Alacrán. Ambos soldados, en sus declaraciones ante el instructor de la Gendarmería, afirmaron que no habían realizado ninguna práctica de tiro, y mucho menos con las postas de goma.
Bullrich está acusada de ser la responsable de la Gendarmería y quien autorizó la salida del país de un primer contingente de 11 efectivos. Por su parte, Aguad quedó imputado por haber facilitado el Hércules C-130 que llegó a La Paz durante la madrugada del 13 de noviembre de 2019.
Para continuar con la investigación, el fiscal requirió información al Gobierno nacional y al de Bolivia; luego se prevé que cite a testigos y, una vez reunidas las pruebas, a indagatoria a los acusados. De acuerdo con las declaraciones del comandante de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, encontraron 26.900 balas antitumulto en un depósito de esa fuerza cercano a la ciudad capital.
La denuncia
La causa surgió luego de que, el lunes último, el Gobierno nacional denunciara a Macri y al resto de sus exfuncionarios. El escrito lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
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