Espionaje ilegal: “Hay que establecer mecanismos para que estas cosas no vuelvan a pasar”

El exvicepresidente Amado Boudou y el exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, fueron aceptados como querellantes en la causa de espionaje ilegal que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.

Ambos fueron víctimas del espionaje clandestino en el penal de Ezeiza, donde estuvieron detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una investigación en la que el juez Federico Villena había ordenado escuchas al narco Mario Segovia fue el paraguas legal que se utilizó para espiar las conversaciones de los detenidos con sus familiares y defensores.

Allí actúo el grupo de espías conocido como “Super Mario Bros” con personajes como el jefe de Operaciones Especiales de la AFI macrista, Alan Ruiz a la cabeza. Utilizaron como medio para llevar a cabo estas acciones el sistema IRIC “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”.

El abogado Alejandro Rúa es el representante legal de Boudou y Baratta, y le contó a diario Hoy: “Estamos pidiendo que, así como el expediente ya ha avanzado en indagatorias respecto de otros legajos de esa investigación, vinculados con otras víctimas, como en el caso del espionaje en el Patria, que hay gente que ya está procesada. Ahora ya se llamó a indagatoria por hechos que se vinculan con una docena de dirigentes políticos y organizaciones sociales, periodistas, los que también están llamando a indagatoria”.

“Y este legajo, que es el legajo 9 de esta causa, está ahora en tránsito de recibir el testimonio de algunas víctimas todavía, nosotros estamos citados para la semana que viene a prestar declaración y en algún momento empezará la ronda de indagatorias, y de ampliación de indagatorias”, sostuvo Rúa.
Además, el letrado detalló: “Este legajo 9 se vincula con el espionaje en los pabellones penitenciarios. Ahí hay otras personas que también son querellantes y ahí nos hemos sumado nosotros. Está el Colegio de Abogados como querellante, hay mucha actividad por el espionaje a los presos y a los abogados en las cárceles de Ezeiza y de Marcos Paz”.

Consultado por las expectativas sobre este proceso, Rúa dijo: “Que se sancione a los responsables. Cuando hay una afectación de derechos, lo que corresponde, como modo de reparación integral del hecho, es garantizar una investigación eficaz, rápida y objetiva, sancionar a los responsables y establecer los mecanismos para que estas cosas no vuelvan a pasar”.

Según el abogado, algunos de estos mecanismos ya se están realizando al citar: “La intervención de la AFI es una de ellas, la intervención del Servicio Penitenciario (Federal) es otra, el hecho tuvo una gravedad institucional inusitada. Que se espíe a tres pabellones penitenciarios con toda la población penal adentro observada y con los teléfonos intervenidos, eso es un escándalo insólito para una república”, concluyó Rúa.