Facturas truchas: crece la complicidad de Echegaray

Se siguen sumando elementos que comprueban la participación del extitular de la AFIP en la creación de una usina de boletas ilegales. Margarita Stolbizer pide que se conozcan los nexos de Cristina Kirchner en el caso a través de Hotesur

La corrupción engendrada durante el kirchnerismo arrastró a la Argentina a niveles de impunidad inconcebibles. Uno de los máximos exponentes de esa descomposición, fue sin dudas el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sobre quien pesan graves causas de haber ocultado pruebas demoledoras contra los amigos del poder K.

Casi en absoluta soledad, el diario Hoy ha venido denunciando todos los hechos de corrupción en los que se encuentra implicado Echegaray. Una de esas causas es la de las facturas truchas que se hacían a través de una usina en la ciudad de Bahía Blanca, que favorecieron a un sinnúmero de empresas ligadas al kirchnerismo, entre ellas a Austral Construcciones del supuesto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez.

Ayer, se conoció la información que el juez que entiende en la causa, Sebastián Casanello, quien ha llevado con lento paso su accionar, se apersonó de diferentes informes de ARBA y de la AFIP, que confirma cómo una de las empresas involucradas en el caso, de nombre Penta, montó esta operatoria desde Bahía Blanca para blanquear dinero que se supone provenía de actividades ilegales.

Casos íntimamente ligados

La diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien presentó la denuncia original por el tema de las facturas truchas, volvió a remarcar ayer el papel jugado por Echegaray en toda esta maniobra. “Es imposible que no esté implicado, él conducía el ente recaudador y tenía toda la información a su disposición y dejó hacer sin investigar nada de lo que pasaba a su alrededor”, destacó la líder de progresistas.

Para la excandidata presidencial, “yo tengo denunciado a Lázaro Báez y a Echegaray por las facturas truchas. La AFIP reconoció la existencia de un grupo de empresas que llamaron la usina de las facturas truchas, pero avanzó solo sobre quienes las emitieron y no sobre las empresas que las usaron”.

Además, la legisladora pidió que Cristina Kirchner sea citada a indagatoria en la causa Hotesur, que investiga los negocios hoteleros de la familia Kirchner y en donde se sospecha habrían ocurrido maniobras de lavado de dinero, y la misma sea anexada a la causa de las facturas truchas por estar las mismas íntimamente conectadas.

“Si se llega a completar la investigación de la ruta del dinero K, las facturas truchas y entender la operatoria y quiénes facilitaban esa operatoria a través de Báez es que se va a conectar con la otra, por lo que es necesario que se cite a Cristina Kirchner a indagatoria para despejar todas las dudas”, destacó Stolbizer.

Para la líder del GEN, "teniendo la cantidad de documentación que hay en la causa no se hizo nada desde la Justicia. Se avanza a paso de tortuga y mientras tanto Echegaray ocupa ahora un cargo en la Auditoría General de la Nación (AGN). Hay que frenar eso y apuntar hacia los verdaderos responsables del escándalo que significó el manejo ilegal de estas boletas”.

¿Presión oficial a la Justicia?

A pesar del cambio de gobierno sucedido en el pasado mes de diciembre, parece que algunas de las viejas prácticas políticas usadas por el kirchnerismo, siguen vigentes.

Según se pudo conocer ayer en los pasillos de Comodoro Py, desde el gobierno nacional se estaría presionando para que las causas que se siguen contra el actual coordinador del Fútbol Para Todos (FPT), Fernando Marín, por su pasado al frente del gerenciamiento de Racing Club de Avellaneda a través de la empresa Blanquiceleste S.A.

Entre las cosas por las que se investiga a Marín, está que durante años los accionistas de Blanquiceleste fueron un misterio, y que una vez que se conocieron los mismos, uno de ellos, la sociedad Elmtree no había finalizado los trámites de inscripción en la Inspección General de Justicia.

Además, Marín estuvo en el centro del debate hace un tiempo atrás, porque su asesor legal era Gerardo Palacios Hardy, defensor de represores de la dictadura militar y uno de los fundadores de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, desde donde reclama el fin de los juicios por los crímenes de lesa humanidad.

Una nueva muestra de cómo los pedidos de la sociedad de contar con una Justicia independiente del poder, que pueda avanzar contra la corrupción, queda a un lado ante las necesidades políticas de Cambiemos.