Juicio político a la Corte: el Gobierno apura el trámite en Diputados y buscará “sumar voluntades”
“El Presidente quiere que los tiempos sean lo más breves posibles”, indicó la portavoz presidencial.
La portavoz Gabriela Cerruti afirmó ayer durante su habitual conferencia de prensa que el Presidente Alberto Fernández pretende que “los tiempos sean lo más breves posibles” en relación al trámite del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que impulsa junto a un grupo de mandatarios provinciales, y confirmó que el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias del Congreso con ese punto en el temario para “la segunda quincena de enero”.
“El Presidente quiere que los tiempos sean lo más breves posibles”, indicó la portavoz presidencial, al tiempo que subrayó que “la mayoría de los mandatarios” provinciales acompañan esta iniciativa enviada al Congreso.
Por otro lado, la funcionaria remarcó que “la necesidad pasa, ahora, por juntar voluntades” en la Cámara de Diputados para avanzar con este proceso de juicio político al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los demás ministros, que requiere del apoyo de una mayoría especial de los dos tercios de los presentes en el cuerpo para que prospere.
“El Presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica, que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución”, remarcó al ser consultada sobre el tema en la conferencia de prensa.
Además, explicó que el pedido “se basa sobre todo en dos cuestiones en las cuales claramente la Corte, rompiendo la división de poderes, interviene sobre el Poder Legislativo”, en referencia a la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la Coparticipación.
En lo que atañe al Consejo de la Magistratura, Cerruti recordó el fallo con el que el máximo tribunal “decidió poner en vigencia una ley que estaba derogada, en un hecho insólito”, en referencia a la composición y el funcionamiento del cuerpo.