La causa contra Robles y D’Alessandro espera que algún juez se haga cargo

En medio del agudo conflicto entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyos integrantes el Presidente Alberto Fernández busca someter a juicio político, la causa iniciada por el surgimiento de chats comprometedores que habrían mantenido un ministro porteño y la mano derecha del presidente del alto tribunal no tiene un juez a cargo.

Se trata del expediente judicial en el que se investiga la posible comisión de delitos a partir del contenido de las conversaciones por chat entre Silvio Robles, funcionario judicial y vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Marcelo D’Alessandro, quien se tomó una licencia por el escándalo que generó la filtración de esos mensajes.

El expediente se inició en Santiago del Estero, cuando el gobernador Gerardo Zamora denunció a D’Alessandro en el Juzgado Federal de esa provincia, a cargo de Guillermo Molinari. Al igual que otros gobernadores, Zamora considera que el reciente fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la Coparticipación Federal de Impuestos perjudica a su provincia; por eso, también firmó el pedido de juicio político al Supremo, junto a otros mandatarios provinciales que fueron convocados por el Presidente.

Sin embargo, ahora la causa pasó a los tribunales porteños de Comodoro Py, donde el PRO, el partido creado por el expresidente Mauricio Macri y en el que revistan el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro D’Alessandro, cuenta con un apoyo fundamental.

Pero ocurre que en Comodoro Py nadie ha tomado la causa. Había recaído originalmente en el juzgado de Ariel Lijo, que está de vacaciones; la jueza subrogante a cargo de ese juzgado, María Romilda Servini, tampoco se hizo cargo, porque expuso desacuerdos con D’Alessandro y la Policía porteña que le ­impedirían ser objetiva en el ­juzgamiento; en un nuevo sorteo, quedó designada María Eugenia Capuchetti, pero la magistrada resultó estar vinculada contractualmente con el Ministerio de Seguridad porteño, lo cual también la ­convertiría en jueza y parte (ver aparte).

Así las cosas, el expediente más caliente de la Justicia argentina en estos momentos está en el limbo, a la espera de que algún magistrado se haga cargo de la investigación.

Antes de anunciar que se tomaba una licencia, D’Alessandro denunció que los chats no son fidedignos, sino que fueron alterados por la ­persona que, según afirma, hackeó su teléfono celular. Antes de declararse incompetente por jurisdicción, el juez Molinari le había requerido a Robles que entregara su propio teléfono, para verificar si efectivamente estas conversaciones existieron y si la transcripción que circula es correcta o está editada. Pero Robles se negó.

Ahora, la causa espera que algún juez de Comodoro Py la tome y siga adelante con la investigación.