La Justicia falló nuevamente en favor de un municipio por el cobro de tasas

La Justicia respaldó al municipio de Moreno en su demanda de seguir cobrando tasas municipales a través de las facturas de los servicios públicos, pese a la prohibición impuesta por el Gobierno de Javier Milei. Este fallo, similar al logrado previamente por el municipio de Pilar, suspendió de manera precautelar la Resolución 267 del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, que intentaba frenar esta práctica.

El juez federal Adrián González Charvay emitió la decisión, señalando que, de no aplicarse la medida cautelar, el municipio enfrentaría un daño significativo. La resolución judicial, que por el momento solo afecta a los municipios que presentaron el amparo, suspende la normativa hasta que se resuelva su validez definitiva.

La medida impuesta por Javier Milei establecía que los municipios debían dejar de cobrar sus tasas municipales conjuntamente con las facturas de los servicios públicos, y otorgaba un plazo de 30 días para adaptarse a este nuevo esquema de recaudación. Ante este escenario, el municipio de Moreno, dirigido por Mariel Fernández, decidió recurrir a la Justicia, argumentando que la resolución nacional violaba la autonomía municipal, garantizada por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y respaldada por leyes provinciales y ordenanzas locales.

El reclamo del municipio se centró en la defensa de su derecho a recaudar impuestos, señalando que la prohibición afectaría gravemente sus ingresos y, en consecuencia, los servicios que brinda a los vecinos. Entre los puntos más destacados, se subrayó que las tasas recaudadas se destinan al mantenimiento del alumbrado público, la conservación de edificios municipales y las inspecciones de redes de gas, elementos esenciales para el funcionamiento adecuado de la ciudad.

Este fallo representa un nuevo golpe para el Gobierno de Milei y Caputo. Con resoluciones como la 267 y las reducciones de fondos y obras para la Provincia de Buenos Aires, el Ejecutivo nacional no solo limita los recursos de los municipios, sino que también obstaculiza la financiación de obras públicas y el mantenimiento de los servicios esenciales, afectando directamente a las comunidades locales.