La Suprema Corte suspendió la ley jubilatoria del Bapro dispuesta por Vidal
La Corte decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Bancaria.
La Suprema Corte bonaerense dictó una medida cautelar presentada por la Asociación Bancaria y suspendió varios artículos de la ley 15.008 (norma que modificó el régimen previsional del Banco Provincia) sobre “afiliados pasivos”, por lo que todas las jubilaciones de la entidad volverán a sus cálculos anteriores.
La medida es en el marco del conflicto judicial por la reforma del Bapro aprobada en 2017, durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Vale recordar que esa norma dispuso que la edad jubilatoria para todos los trabajadores de la entidad pasara de 60 a 65 años de forma escalonada y que bajara el porcentaje por el que se calculaba el monto para estos (del 82% al 70%).
En el marco de la disputa judicial, ahora la Corte decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Bancaria. El fallo dispone que “a partir del 1° de junio de 2023 y hasta la fecha que se determine en la sentencia definitiva, la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires suspenda la aplicación de los arts. 39, 41 y 42 de la ley 15.008 en relación a sus afiliados pasivos que no hubiesen sido beneficiados por una medida precautoria previa al dictado de la presente resolución”.
La medida cautelar de la Suprema Corte provincial contempla a quienes “hubieran accedido al beneficio al amparo de las leyes 5.678, 11.322, 11.761 o 13.364”.
De esta manera, el cálculo de jubilaciones volverá al 82% para todos los jubilados y pensionados del banco.
“Vamos a seguir trabajando para reparar esta injusticia”
Fue el propio gobernador Axel Kicillof quien días atrás, en el marco de la apertura del 151° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, reclamó nuevamente a los legisladores por la normativa.
“Trabajamos durante un año para construir, en conjunto con todas las fuerzas políticas, un proyecto de ley que restituyera los derechos perdidos”, y que “si se hubiera aprobado” esa modificación “el año pasado, el déficit de la caja hubiese sido 25% más bajo”, señaló entonces, y agregó: “Es una ley muerta. Hasta el procurador nombrado por el gobierno anterior (Julio Conte Grand) dictaminó su inconstitucionalidad”.