Las prepagas dicen que los aumentos “no fueron abusivos”

Luego de que el Gobierno las acuse de aplicar aumentos desproporcionados y ponga topes a los próximos incrementos tarifarios, las empresas de medicina prepaga presentaron el jueves ante el Poder Judicial un documento en el que negaron que los aumentos dispuestos en virtud del DNU 70/23 hubieran sido “abusivos”.

La presentación fue realizada por las compañías Sancor Salud, Swiss Medical y Medicus, algunas de las empresas a las que el Gobierno acusó, ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal nueve —donde quedó radicado el amparo del Gobierno— y solicitaron que se rechace el amparo presentado por la administración de Javier Milei la semana anterior.

El documento de las prepagas niega “lo abusivo” del aumento de sus cuotas denunciado por el Gobierno en una acción de amparo que busca, desde el Poder Judicial, desautorizar aquello que había autorizado mediante el DNU.

Las empresas insistieron en que los incrementos por encima del 150 % que aplicaron fueron habilitados por el mega decreto que desreguló la actividad del sector y le quitó el rol de fiscalizador a la Superintendencia de Salud. Además, anticiparon que tampoco devolverán aquello que se les reclama por haber cobrado de más desde diciembre hasta la actualidad.

Más de 20 empresas están acusadas en un expediente administrativo de haber cartelizado los precios de sus cuotas, por lo que ya la Secretaría de Comercio e Industria dispuso una medida de retrotraer los aumentos. Si bien las cuotas por vía administrativa fueron retrotraídas a diciembre, esa decisión es apelable ante los tribunales ordinarios.

Frente a esto, la estrategia del Gobierno fue, a través de la Superintendencia de Salud, presentarse en el fuero Civil y Comercial Federal a fines de obtener una cautelar que asegure el cumplimiento de la disposición.

Ahora, el Juzgado que interviene en la causa pidió opinión a la fiscalía para que dictamine si el expediente es de competencia de ese fuero o debe pasar a otro. Una vez resuelto eso, el magistrado que quede a cargo deberá dar intervención a todas las partes en plazos breves y, después, emitir un fallo haciendo lugar o rechazando el amparo presentado por el Gobierno.