Licitación por la basura: Garro confirmó que participarán varias empresas

Según el jefe comunal, al menos siete compañías estarán en la compulsa y el servicio podría quedar a cargo de tres. El fin del monopolio de Esur y el nuevo sistema de recolección que se viene en la ciudad

El intendente de La Plata, Julio Garro, confirmó que este mes enviará al Concejo Deliberante el pliego para definir un nuevo sistema de recolección en la ciudad, que pondrá fin al monopolio que ejerce la cuestionada Esur (una unión transitoria de empresas conformada por las firmas Nueve de Julio y Brothers in Law) desde hace más de 35 años.

Eso no es todo. En declaraciones a diario Hoy, durante la recorrida que ayer realizó por el barrio El Mercadito (ver página 11), el jefe comunal anticipó que competirán siete empresas, de las cuales se seleccionarán dos o tres para mejorar y modernizar el sistema de recolección.

“Si Dios quiere, durante el mes de mayo vamos a estar elevando el pliego al Concejo Deliberante. Estamos terminando de darle forma. El Concejo tiene que aprobar ese pliego y una vez que se concrete volverá al Poder Ejecutivo, sin posibilidades de modificación, para que se pueda llamar a licitación”, afirmó Garro.

“Estamos pensando en armar dos o tres zonas para que puedan competir siete empresas, para que luego ganen dos o tres. Trabajaremos mucho en la transparencia, que todos puedan participar y que gane el que mejor servicio y costo tenga”, agregó Garro.

El intendente también anticipó que buscará hacer un cambio radical en el sistema de recolección. “Necesitamos en la ciudad ir a un servicio moderno, con más infraestructura, como existe en otras ciudades de la Provincia y del país. Tenemos que ir a un sistema de contenedores, con camiones que levanten esos recipientes y que a su vez haya otros soterrados. Necesitamos llevar adelante un salto de calidad en la región. Por eso, vamos a quedarnos con las empresas que coticen menos dinero y que garanticen mejor servicio”, remarcó.

“Esto tendría que haberse hecho hace muchísimos años. Asumo el compromiso de que, en el mes de mayo, se presentará el pliego para que el Concejo lo pueda estudiar, analizar y proponer modificaciones. Una vez que se apruebe el pliego, recién ahí la intendencia se encontrará facultada para llamar a licitación”, concluyó el intendente.

Cabe destacar que el contrato con la empresa Esur se encuentra vencido. El año pasado, el Concejo Deliberante aprobó una adenda (término que se utiliza cuando las partes modifican, amplían o definen aspectos de las obligaciones que han contraído sin necesidad de realizar un nuevo convenio) que estableció una extensión del vínculo con la comuna hasta junio de 2017, imponiendo una serie de obligaciones que, en su mayoría, habrían sido incumplidas por la compañía.

Avanza una demanda penal contra Esur

El proceso de licitación se da en medio de los crecientes cuestionamientos de los vecinos por el servicio que presta Esur. Asimismo, en la Justicia platense avanza la demanda penal contra las autoridades de la compañía por la estafa que se habría cometido con cooperativistas que prestan servicio en la compañía, en condiciones paupérrimas. 

Según pudo saber este diario, la Instrucción Penal Preparatoria que se inició, luego de la demanda presentada por el abogado Ricardo Bradley, en representación de los trabajadores precarizados, quedó a cargo de Hugo Tesón, fiscal adjunto de Delitos Complejos de La Plata.

La presentación judicial involucra, entre otros actores, a los principales directivos y personal ejecutivo de la empresa de recolección de residuos. A saber: Ricardo Alberto Molina (presidente del directorio), Gabriel José Suárez (vicepresidente) y Juan Terrulli (vicepresidente suplente y gerente general).

Según la denuncia, un empleado de recolección de residuos bajo convenio colectivo de trabajo (40/89) percibe un salario básico, a septiembre de 2016, de $10.500 más adicionales. Esto da un total promedio aproximado de $18.000 de salario bruto por cada empleado. 

Ahora bien, los cooperativistas derivados por el Municipio perciben apenas $6.000 en negro, cifra que incluye $2.000 aportados por Esur en concepto de presentismo. Es decir, ganan apenas un tercio de lo que deberían percibir y además la compañía incumple con prácticamente todas las disposiciones del convenio colectivo en lo referido a horarios de trabajo, extensión de las tornas nocturnas, comida, capacitación, descanso y medidas de seguridad.

“En lo que concierne expresamente a la cuestión laboral, Esur ha tenido un ahorro ilegítimo mínimo de más de $38.000.000 en tan solo un año, sin considerar otras cargas elementales previstas en el Convenio Colectivo 40/89. Ello sin contar con el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato como incorporación de camiones y maquinarias varias”, dice la denuncia.

Desde la Corte reclaman priorizar la cuestión ambiental

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, abrió ayer en Bariloche el Congreso Patagónico de Derecho Ambiental, escenario desde el que llamó a todos los poderes públicos a priorizar la cuestión ambiental con visión de “estadistas”, al tiempo que trazó un panorama sombrío para la cuestión en el mundo, con “retrocesos en la protección” de la naturaleza.

“Las perspectivas no son buenas, el mundo retrocede en materia ambiental. La cuestión no figura en las agendas de los gobiernos o no ocupa un lugar trascendente”, afirmó el juez, quien consideró que “negar los problemas o los conflictos no significa que no existan y, por el contrario, se van a potenciar y agravar”, por lo que “hay que llevar estos problemas al primer lugar de discusión”.

“En el país y en el mundo hay mucha conflictividad por temas ambientales que siempre llegan a la justicia. Se vienen grandes batallas por el agua, los glaciares, los dese­chos. Las crisis ambientales son las que más crecen en el mundo y los conflictos están entre los principales”, explicó.

Lorenzetti destacó el mandato de la Constitución Nacional y numerosas leyes, sobre el “deber” de proteger a la naturaleza, y evaluó que en los últimos años todo el ámbito legislativo y judicial perdió de vista el abordaje del “sistema ambiental” como un todo, y que “si bien no está en discusión que se trata de la defensa de bienes comunes, no se los aborda como bienes colectivos”.