Misterioso robo a Massa: otro fiscal avala las sospechas

Se trata de Luis Angelini, quien estuvo a cargo de la investigación por el doble crimen narco de Unicenter. En diálogo con diario Hoy, dijo haberle anticipado al fiscal Palacios que iban a intentar destituirlo por investigar las irregularidades durante los allanamientos concretados en la casa del prefecto condenado por el robo. Alertó sobre la posibilidad de que se quiera ocultar “una verdad histórica”

La entrevista al fiscal Washington Palacios sobre las presuntas irregularidades en la investigación por el misterioso robo registrado durante 2013 en la casa del entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, que fue publicada el pasado 8 de diciembre, dejó mucha tela para cortar. No es para menos: el funcionario del ministerio público mostró pruebas de que el testigo de los allanamientos a la casa del prefecto condenado por ese hecho delictivo habría sido amenazado y habría desaparecido una cantidad importante de dinero en pesos y dólares -secuestrado en el procedimiento- que no se correspondía con lo documentado en el acta (hay sospechas de que sería “plata negra”). 

Asimismo, el testigo habría dado indicios de que, de forma indebida, en el operativo habría estado presente un funcionario municipal estrechamente ligado a Massa. Se trata del entonces secretario de Prevención Ciudadana, Diego Santillán, quien actualmente es el principal asesor del ahora diputado nacional en materia de seguridad.

Según afirmó el fiscal Palacio, el testigo del allanamiento, llamado César Jaunarena, declaró que hubo una sustitución de la última hoja del acta. Asimismo, habría manifestado que estaba recibiendo amenazas por parte de personal policial. En rigor, las irregularidades serían múltiples. Hasta se habrían falsificado firmas (ver más abajo). Producto de la investigación, Palacios es blanco de la ira massista: el Frente Renovador le impulsa un jury y el próximo 20 de diciembre el tribunal de enjuiciamiento deberá decidir si lo aparta preventivamente del cargo.

A las denuncias de Palacios ahora se sumó otro fiscal: Luis Angelini, cuya figura se hizo conocida a partir de la investigación por el doble crimen narco en el shopping Unicenter y por haber denunciado públicamente a su superior: el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, que fue suspendido por la Suprema Corte de la Provincia ante las denuncias que lo vinculan con la protección a bandas narco. Novo, durante años, fue un protegido de la renunciante procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo.

En diálogo con diario Hoy, Angelini sostuvo: “Con respecto a la situación vinculada al fiscal Palacios -derivada de su investigación, en relación con las irregularidades presuntamente cometidas por autoridades policiales, municipales y/o del Poder Judicial con funciones en el Partido de Tigre-, resulta jurídicamente relevante -y política y moralmente imperativo- profundizar por qué en el acta de procedimiento que documenta un allanamiento realizado en el marco de otra investigación de público conocimiento, por la notoriedad de la persona damnificada, se habrían falsificado firmas, asentado circunstancias falsas por parte de funcionarios públicos, y -en su caso- saber para qué se perpetraron esos delitos”.

“De haber ocurrido esas falsificaciones -hay pruebas que indican que han ocurrido- es evidente que fueron un medio ilegal para lograr un fin también ilícito, que no puede ser otro que el de ocultar una verdad histórica que, por las características del proceso que contextualiza las conductas presuntamente delictivas, puede estar referida a un asunto de graves connotaciones negativas para la República”, sostuvo Angelini.

Un intento de desviar la atención

El fiscal también consideró: “Creo que en todo momento se ha intentado desviar la atención de un punto neurálgico que gravita en determinar precisamente qué cosa se incautó el día de aquel procedimiento -que llevó presuntamente a aquellas altas autoridades a participar en la falsificación de un documento público tan delicado- y quién aprovechaba esa falsificación. Aclarando esa incógnita, considero que podría resolverse fácilmente el caso en su integridad, que pareciera involucrar, en inicio, a fiscales, agentes de Policía e integrantes del Ministerio Público Fiscal-Poder Judicial”.

Angelini recordó que Palacios, hacia fines de 2014, tenía como hipótesis delictiva una que implicaba a altos funcionarios. “Ya con experiencia en el tema le expresé, frente a ese panorama, que extreme ciertos recaudos porque desde el mismo lugar que -a mi criterio- venían protegiendo a sectores desvinculados del Estado de Derecho, moverían ciertos resortes institucionales -haciendo un uso ilegal de las facultades legales- para desplazarlo del caso y luego, para ocultar ese desplazamiento, coordinarían para desacreditarlo, deslegitimarlo -como modo teóricamente ilógico pero a menudo eficaz de deslegitimar una investigación-, e incluso intentarían excluirlo del ejercicio de su magistratura. Y si pudieran llevarlo a prisión mediante la invención apócrifa de pruebas, lo harían. Le repetí lo que en su momento otro magistrado me había dicho: Son capaces de cualquier cosa”. 

“Si bien Palacios, hasta donde tengo conocimiento, cumplió puntillosamente con lo reglamentado en el caso que investigaba, optando por un criterio legalmente válido de impulsar la investigación, paradójicamente ese quehacer conforme a la ley habría dado suficiente tiempo para que sea objeto de toda clase de astucias. Haciendo un juicio de probabilidad, yo le había anticipado que ocurrirían”, concluyó Angelini. 

Un formato que se repite

Al analizar lo ocurrido con la investigación de los allanamientos, Angelini aseguró que “el formato es el mismo y, con mayor o menor eficacia, se ha reiterado desde hace lustros en el seno de un ministerio público que, según mi mirada, y con particular referencia a la jurisdicción de San Isidro, había sido devastado y que hoy está intentando salir de las ruinas”.

Luego, manifestó: “Las máximas autoridades han tergiversado conceptos normativos y político-constitucionales, confundiendo, por ejemplo, garantizar gobernabilidad con encubrimiento de asuntos delictivos, generando un equilibrio negativo de poder, ya que no se investigan actos presuntamente delictivos de la clase política. Estos garantizan la estabilidad u otras prebendas del fiscal, juez o funcionario que así obra, a partir de lo cual se configura un sistema distorsionado, en el que se intenta excluir al magistrado que actúa conforme la manda legal”. 

“Cuando esto último ocurre, se generan anticuerpos, de un cuerpo corrompido, que se reúnen inmediatamente para eliminar al agente que actúa según lo debido (en términos deónticos, aunque también éticos), quien dentro de ese sistema pervertido pasa a erigirse en un elemento extraño, cuando debería ser exactamente al revés”, agregó el fiscal. 

En ese sentido, recordó que en 2012 denunció la existencia de un esquema de “corrupción estructural” y, “tras años de ser objeto de insidiosas desacreditaciones por todos aquellos operadores que se veían involucrados, hoy día aquella calificación y descripción ha sido reiterada por las principales columnas de análisis y opinión. En tanto judicialmente, una parte troncal de la hipótesis delictiva vinculada con aquella expresión (que como fiscal puse en conocimiento a la Justicia en irrestricto cumplimiento del mandato constitucional, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad), ha sido por ahora probada”. 

“Resta despejar aquella incógnita que, a lo mejor, a partir de cierta rectificación que últimamente tuvo parte del sistema distorsionado antes descripto, luego, y como consecuencia directa de mis planteos como fiscal en los últimos años, tenga mayores posibilidades de ser despejada. Sería saludable para el Estado Constitucional de Derecho”, concluyó el fiscal. 

Presiones políticas y testimonios direccionados

En su defensa ante el tribunal de enjuiciamiento, el fiscal Palacios dijo que tomó conocimiento, a través de dos agentes fiscales del Departamento Judicial de San Isidro (Andrés Zárate y Luis Angelini), que María José Basiglio fue “presionada” por el propio fiscal Claudio Scapolán, un integrante de la Fiscalía General de San Isidro (Dr. Rodrigo Caro) y un integrante del espacio político Frente Renovador para que “declarara falsamente en mi contra, en la investigación que llevó a cabo el propio fiscal Claudio Scapolán, y derivó en el pedido de enjuiciamiento”.

Scapolán –considerado brazo ejecutor del ahora suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo- se encargaba de la Fiscalía de Delitos Complejos, que tuvo a su cargo la investigación por las presuntas irregularidades en los allanamientos, y el expediente prácticamente quedó archivado. Producto de este escándalo, y tras una presentación de Elisa Carrió ante la Suprema Corte bonaerense, la fiscalía fue disuelta. 

Carrió denunció a Scapolán por “brindar protección y encubrir graves hechos delictivos”. En ese sentido, enumeró que “ha omitido practicar diligencias o instruir sumarios para comprobar la existencia de delitos, como así también incumplió su obligación de promover la persecución y represión de quienes cometen hechos delictivos” 

Según Carrió, “Scapolán formó una investigación por falso testimonio contra el testigo del procedimiento (Jaunarena) y se negó sistemáticamente a practicar un peritaje caligráfico respecto a las firmas obrantes en el acta donde se documentaron los allanamientos, pese a que la defensa de Jaunarena aportó un peritaje de parte que acredita la falsificación de firmas en dicho instrumento público”.

En diálogo con este diario, Palacios aseguró que no solamente recibió la denuncia de Jaunarena por amenazas provenientes de fuerzas policiales que actúan en Tigre. Lo mismo hizo la madre del testigo. “La señora también estaba asustada, por eso pidió ingresar en el Sistema de Protección de Testigos. Esa fue mi primera actuación”, afirmó.

Detalles del robo polémico  

- Ocurrió el 20 de julio de 2013, aproximadamente a las 19.

- El delincuente, aprovechando que no estaban los habitantes de la casa, se llevó una considerable suma de dinero, efectos de valor, documentaciones de la familia y dos pendrives con importantes archivos.

- Las cámaras de seguridad captaron al prefecto Alcides Díaz Gorgonio, vinculado a los servicios de inteligencia, quien en 2015 fue condenado a 18 años de prisión.

- En los allanamientos, interviene como testigo César Jaunarena, un joven jornalero que luego denunció amenazas. Lo mismo hizo su madre.

- Al día siguiente del robo se ordenó una serie de allanamientos, que se realizaron en domicilios vinculados a Díaz Gorgonio.

- Jaunarena declaró ante el fiscal Palacios que la cantidad de dinero secuestrada era muy superior a la consignada en el acta. Detectaron que se sustituyó una hoja del acta policial y que se habrían falsificado firmas. Además, mencionó que estuvo presente un funcionario municipal muy vinculado a Massa durante los operativos.

- Jaunarena se desdijo en el juicio oral: llamativamente, no recibió ningún castigo por el delito de falso testimonio. Uno de los fiscales que participó en el juicio fue Mariano Magaz, el mismo que estuvo al frente de los allanamientos.

- Tras la primera denuncia de Jaunarena, intervino el fiscal Washington Palacios, quien sospechosamente fue apartado a los 45 días. La causa quedó en manos del fiscal Claudio Scapolán, brazo ejecutor del suspendido fiscal general Julio Novo, quien prácticamente archivó el expediente. La Fiscalía de Delitos Complejos que encabezaba Scapolán fue disuelta tras una denuncia de Elisa Carrió.