Nueva ofensiva judicial para suspender el acuerdo entre el Gobierno y el correo

La legisladora Victoria Donda presentó un recurso de amparo para frenar la condonación de la deuda millonaria que mantenía la empresa de la familia Macri con el Estado argentino. El Presidente sigue sin hacer declaraciones al respecto

La diputada nacional Victoria Donda presentó un recurso de amparo para que la Justicia exija al Ministerio de Comunicaciones de la Nación, cartera que fue responsable de la realización del convenio, “la suspensión de las actuaciones” relacionadas con el polémico acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Correo Argentino SA “hasta tanto se expidan” desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Oficina Anticorrupción (OA).

La dirigente del Movimiento Libres del Sur pretende con esta medida frenar la transacción de una negociación que despertó el rechazo de gran parte del arco político. La presentación de la legisladora solicitó a la Justicia “interponer acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional contra el Ministerio de Comunicaciones de la Nación”.

Además, el documento pide “que se ordene al Ministerio de Comunicaciones de la Nación, al ministro de Comunicación, Oscar Aguad, y al Director General de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, que soliciten la suspensión de las actuaciones en la causa judicial Correo Argentino SA s/ Concurso Preventivo”. 

“Esperemos que el Gobierno dé marcha atrás con esta medida escandalosamente fraudulenta”, afirmó Donda, quien además consideró “fundamental que los organismos públicos encargados de detectar posibles casos de conflicto de intereses, fraude o corrupción se expidan antes de que el acuerdo quede firme”. 

La diputada expresó: “Estamos hablando de un juicio que involucra al padre y los hijos del Presidente que lleva más de 16 años de proceso y que este Gobierno quiere finalizar en menos de seis meses a través de un acuerdo cuestionado como abusivo y perjudicial para el Estado en reiteradas oportunidades por la fiscal de la causa”. El convenio implicaría que se perdone al Grupo Macri una deuda de 70.000 millones de pesos. 

“Mediante el amparo, lo que buscamos es que no se homologue el acuerdo hasta tanto la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se expidan e informen a la sociedad argentina si el acuerdo que se ha firmado es perjudicial para los intereses del Estado”, manifestó Donda, y agregó que lo que pretende es que “este proceso sea lo más transparente posible”.

Además, la legisladora comparó este hecho con los casos de corrupción del gobierno anterior que están siendo investigados. “Todos los días nos enteramos de que la Justicia investiga nuevos hechos de corrupción que beneficiaron a funcionarios de primer nivel de la administración kirchnerista y a sus familias a costa del patrimonio público. El gobierno de Macri ha señalado a estos casos como ejemplos de lo que no debe hacer su propia gestión, pero este acuerdo muestra que el Presidente ha aprendido rápidamente lo peor de sus antecesores”. 

Exigen respuestas

Por otro lado, el diputado nacional Alejandro Grandinetti anticipó que está trabajando en la presentación de un pedido de informes con el fin de solicitar a Mauricio Macri que se detallen todos los pormenores del arreglo. “Entre otras cuestiones, la iniciativa persigue el objetivo de forzar al Gobierno nacional a que explicite todos los motivos y elementos que se tuvieron en cuenta  para avalar el acuerdo”, expresó. 

El legislador también afirmó que el Ejecutivo “deberá detallar si hubo dictámenes de otros organismos del Estado que avalaron la necesidad de aceptar esa propuesta”, dado que, según él, se trata de “una decisión que no puede recaer sobre una sola persona”. Cabe recordar que la fiscal Gabriela Boquín denunció que la condonación de la deuda rondaría el 99% de la misma y calificó la conducta del Grupo Macri como “contraria a la buena fe procesal”. En este sentido, Grandinetti manifestó que “el Congreso Nacional tiene la obligación de actuar inmediatamente en defensa de los derechos de todos los argentinos”.