Nuevas denuncias complican al juez Melazo

El polémico magistrado habría recusado a casi todos los integrantes del jury. Un informe televisivo dio a conocer varios escándalos que involucran al “Oyarbide de la Justicia bonaerense”. Estafas en IOMA, negocios inmobiliarios, beneficios a un barrabrava prófugo e intromisión indebida en un expediente de otro juzgado 

En un verdadero manotazo de ahogado, el titular del Juzgado de Garantías Nº 2, César Ricardo Melazo, habría recusado a casi todos los integrantes del tribunal que fueron sorteados para integrar el jury en su contra. El polémico magistrado platense está acusado de numerosas irregularidades. La medida presentada por Melazo, que sería absolutamente improcedente, buscaría dilatar los tiempos ante la posibilidad de que termine suspendido en su cargo.

El único integrante del tribunal que no habría sido recusado es el diputado Mauricio Barrientos, de la bancada del Frente para la Victoria. “Es un absurdo: pareciera que Melazo solamente quiere ser juzgado por el Frente para la Victoria”, dijeron fuentes judiciales y legislativas a Hoy. En rigor, en los próximos días podrían sumarse nuevas y pesadas denuncias contra el magistrado ya que el senador Juan Pablo Allan, que impulsa el jury, solicitó a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia que le requiera a la Suprema Corte el legajo del juez. Especí­ficamen­te, los antecedentes disciplinarios y, de existir sanciones, los motivos de las mismas. Hay sospechas de que las irregularidades cometidas por el juez serían múltiples.

Anoche, en el programa Tercera Posición que conduce Rolando Graña, se emitió un esclarecedor informe sobre el accionar del titular del Juzgado de Garantías Nº 2. Además del escándalo generado por  la presunta protección que le dio al prófugo exlíder de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo, a quien durante una allanamiento en su domicilio se le encontró un arma utilizada en el doble crimen narco de Unicenter (ver aparte), el informe dio cuenta de otros escándalos que involucran a Melazo, quien es conocido como “El Oyarbide de la Justicia bonaerense”.

En ese sentido, el titular de la Asociación de Profesionales del IOMA, Idelmar Seillant, reclamó que el polémico magistrado dé un paso al costado en la causa por la venta clandestina de medicamentos oncológicos de alto costo, donde se encuentran procesados exfuncionarios del IOMA vinculados a la conducción del gremio UPCN. Melazo les otorgó a estos funcionarios una excarcelación extraordinaria cuando el delito en el que se encuentran involucrados -integrar y liderar una asociación ilícita- no admitiría este tipo de beneficios. “Es una causa del año 2011 donde afiliados con distintas patológicas, especialmente cáncer, se le cargaban a su nombre medicamentos que no consumía. También se cargaban drogas monoclonales, muy caras, a pacientes que ya estaban fallecidos. El juez que sigue estando a cargo de la causa es Melazo, quien el 26 de junio de 2014 los dejó libres a todos. Queremos que se haga justicia y que se lo investigue a Melazo, quien debe dar una paso al costado”, explicó Seillant.

En un intento de defensa, el juez Melazo afirmó que las acusaciones en su contra “son pobres, un copia y pega de recortes periodísticos. No hay un fundamento legal. Entre 2002 y 2015 no tenemos ningún proceso abierto, con lo cual es una felicitación al juzgado”. El titular del Juzgado en  lo Contencioso Administrativo Nº 1, Luis Federico Arias, no sostiene lo mismo. Afirmó que recibió pesadas denuncias contra Melazo y que acompañó a los demandantes a la Suprema Corte. Eso no es todo: también recordó su intervención durante el desalojo de varias familias que estaban viviendo en Gorina, en terrenos pertenecientes a Ferrobaires, empresa estatal que había permitido la radicación. “A estas personas les armaron una causa los responsables del country Grand Bell y los jueces que decidieron el de­salojo para sacarse de encima a los pobres. Justamente, el juez Melazo había comprado tierras ahí cerca, en Gorina”, relató Arias. 

El titular del Juzgado de Garantías Nº 2 también fue acusado por una colega suya, la magistrada Marcela Garmendia, de meterse indebidamente en un expediente para sobreseer a un dirigente del Sindicato de Carga y Descarga, imputado por quemar un patrullero.

“Es indispensable su apartamiento”

“Estamos convencidos que Melazo es a la Justicia bonaerense lo que Oyarbide a la Justicia Federal. Su relación con la política, con la Policía y su compartimiento indecoroso e indebido como magistrado lo asimila mucho a Oyarbide, con la salvedad que este último por lo menos renunció. Creemos que es indispensable el apartamiento preventivo de Melazo mientras se sustancie el jury que tiene una causa que es extremadamente grave. Estamos hablando de una asociación ilícita que integraban funcionarios del Ministerio de Asuntos Agrarios, policías, el fiscal y evidentemente el juez (Melazo). Era un todo. Los policías fueron condenados, al igual que los integrantes del ministerio, mientras que Gómez fue separado de su cargo como fiscal y solo falta Melazo”, dijo anoche el senador provincial Juan Pablo Allan (Cambiemos), en el programa Tercera Posición. 

Un largo proceso

El proceso de enjuiciamiento contra Melazo se remonta al año 2002, cuando integrantes de una banda de cuatreros –acusados de robar mil caballos y tres mil chanchos- denunciaron haber pagado coimas a funcionarios judiciales para aliviar su situación procesal. Ello derivó, en el año 2013, en la destitución del fiscal Carlos 

Gómez, pero la protección política del gobierno sciolista hizo que Melazo –acusado de los mismos delitos que el fiscal-  no fuera desplazado de su cargo. La causa se reactivó en las últimas semanas a partir de una ampliación presentada por los senadores Juan Pablo Allan (Cambiemos) y Jorge D´Onofrio (Frente Renovador), ante las denuncias sobre la protección otorgada a Mallo.

“Mallo era el jefe de los barrabravas que fueron al Mundial de Sudáfrica, agrupación armada por Rudy Ulloa Igor (exchofer de Néstor Kirchner) y Aníbal Fernández. El juez Melazo, en su Facebook, se manifiesta fanático de Aníbal Fernández. Melazo y Sibuet (el fiscal de Brandsen) esconden la prueba del arma y no se la dan al único fiscal (Luis Angelini) que realmente investigó el crimen del Unicenter”, dijo Carrió, días atrás. Los legisladores bonaerenses que responden a “Lilita” están actuando en consecuencia y por eso el diputado provincial, Guillermo Castelo (Coalición Cívica), remarcó que “están pidiendo el apartamiento preventivo de Melazo por encubrimiento y obstruir a la Justicia”. 

Lo mismo reclaman respecto a la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, en la mira por el caso Mallo (Sibuet fue su secretario) y por la protección que le dio al ahora suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, acusado de “apretar” a Angelini para que no avance en sus investigaciones sobre el doble crimen narco del Unicenter.