Para reprimir si hay plata: Bullrich gastó $10 mil millones en pistolas y equipos antidisturbios
Los exorbitantes números se desprenden del informe de gestión presentado por Guillermo Francos en el Congreso.
No hay plata para los jubilados ni para los docentes, pero sí para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que compró 10.800 pistolas semiautomáticas doble acción, calibre 9mm, por un total de $7.399.298.040 a la compañía Bersa S.A.
De esta forma, la ministra lleva gastados $39.128.739.961 en material destinado a las fuerzas de seguridad federales. En el nuevo arsenal se detallan más de 10.000 pistolas, 20.000 chalecos y casi 3 millones de balas 9 milímetros.
La información surgió luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fuera consultado por la inversión del Ministerio de Seguridad y expresara las cifras en su informe de gestión 140 enviado al Congreso la semana pasada.
En el informe se detalla que en febrero "se recibieron 100 dispositivos electrónicos de inmovilización temporal TASER 7". Así mismo, en el parte se adjuntó un cuadro con la cantidad de armamento y equipamiento policial costeado por el Ministerio gracias al presupuesto nacional.
El Ministerio de Seguridad gestionó además, la compra de 19.700 chalecos antibalas RB3, a la firma Tecan S.A., por un monto total de $14.763.019.300 y 1.025 equipos de protección personal por $338.175.000 a Cooperativa del Centro y Fundas Argentina.
Vale la pena recordar que, luego de la represión en las afueras del Congreso cuando se debatió la ley Bases en julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había advertido al Gobierno su “preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública”. El organismo convocó a una audiencia para pedir explicaciones por el desmedido accionar de las fuerzas policiales en las manifestaciones realizadas.
Ante esta petición, y muchas otras expresiones de preocupación por el accionar policial, el gobierno de Javier Milei no hizo más que respaldar las decisiones de la ministra Bullrich y justificar las represiones policiales contra los sectores más desprotegidos de la sociedad.