Policía Judicial: presentaron otro amparo contra Falbo

Postulantes a peritos denunciaron a la procuradora de la Corte bonaerense como responsable de beneficiar, para los cargos directivos de la futura dependencia, a aspirantes inexpertos 

Un nuevo amparo fue presentado ayer ante el Juzgado Civil Nº10 de La Plata contra la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, por el polémico concurso para los cargos directivos de la futura Policía Judicial, en la que se acusa a María del Carmen Falbo de favorecer a determinados postulantes y dejar fuera a aspirantes idóneos.

La denuncia fue realizada por Lucas Emiliano Bravo Berruezo, un máster en Criminología Forense, experto en escena del crimen y profesor de investigación del CONICET. 

Debido a sus amplios conocimientos y experiencia, Bravo se presentó a varios cargos y, al igual que otros postulantes, aprobó la instancia escrita, pero en el examen oral obtuvo el puntaje más bajo, con lo cual se originaron sospechas de la forma de corrección por parte del jurado evaluador.

Según trascendió, para considerarse aprobado debían obtenerse sesenta puntos. Hubo casos en los que habiendo obtenido ese puntaje los postulantes fueron desaprobados. Lo curioso de los casos es que las respuestas no fueron fundamentadas, según explicó el abogado Andrés Orlando Pajón, el primero en iniciar una acción de amparo por esta cuestión.

“La gran duda, y también el mayor secreto guardado, son los exámenes de cada postulante. Es que no se encuentran en el dictamen y no se permitió en ningún momento tomar vista de los mismos, ni del propio y mucho menos los del resto; esto viola la publicidad del concurso, ya que sobre dicho examen es donde se amerita la idoneidad del postulante para determinado cargo; es lo que define si aprobó o desaprobó;  es el que le va a dar un determinado puntaje para ubicarse en el Orden de Meritos, y es el documento que va a posibilitar un adecuado derecho de defensa al plantear la impugnación. No se permitió ver ningún examen”, agregó el letrado. 

Polémico orden

A pesar de que las calificaciones volcadas en el mencionado Dictamen de Orden de Merito, el 90% de los profesionales concursantes con mayor experiencia y trayectoria en la especialidad para la cual se anotó, no logró superar un puntaje que lo postule al cargo pretendido. En el 10 % se encontraba la protegida de Falbo, Lorena Di Rocco, -conocida por sus antecedentes discriminatorios hacia gays y lesbianas-. 

A pesar de su prácticamente nula experiencia entre los aprobados se encuentra Federico Nicolás Aliende, quien se desempeña en el Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata. Allí, el fiscal general es Fabián Fernández Garello, quien participó activamente en las instancias del armado del concurso y para quien el reconocido abogado penalista Martín Ferrá pidió un jury. 

En este marco, crece la polémica por las designaciones a las que los demandantes cuestionan por haber sido “digitadas” y poco transparentes.

Un órgano constitucional clave que nunca se conforma

La Policía Judicial, prevista en la Constitución Provincial, fue instrumentada en noviembre de 2012 por la Cámara de Diputados bonaerense, que dio la dirección de las pesquisas penales a los fiscales.

El cuerpo dependerá jerárquicamente de la Procuración General bonaerense y será de "naturaleza civil, no militarizada". Tendrá un director general y un subdirector, que ocuparán sus cargos por seis años, sin posibilidad de renovación, tres secretarios ("técnico-científico", "investigación" y "formación-capacitación") y subsecretarios descentralizados.

Lo integrarán especialistas en criminalística, en investigación tecnológica, técnicos de escena del crimen y levantamiento de rastros, médicos forenses, abogados, químicos forenses, contadores y psicólogos. Intervendrán “en la investigación de homicidios dolosos o cometidos en ocasión de otro delito doloso” y en “la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad y penitenciarias con motivo o en ocasión de sus funciones”.

Sin embargo nunca se ha conformado la Policía Judicial lo que demuestra la falta de decisión política de la procuradora María del Carmen Falbo, en busca de una justicia genuina.