Procesaron a nueve ejecutivos de la Barrick Gold

El juez de la Segunda Circunscripción judicial, Pablo Oritja, procesó a los nueve ejecutivos de la empresa Barrick Gold por el derrame de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero en setiembre del pasado año.

Los imputados fueron notificados todos juntos ayer en la localidad sanjuanina de San José de Jáchal, los que fueron identificados como Leandro Poblete, jefe de Procesos; Segundo Álvarez, subjefe de Procesos; Carlos Cabanillas, gerente de Minas; Ángel Escudero, gerente de Prevención de Riesgos; y Osvaldo Brocca, supervisor de Servicios Técnicos.

Completan la lista David Sánchez, supervisor de Mantenimiento; Ricardo Cortéz, supervisor de Medio Ambiente; Walter Pizarro, gerente de Procesos y Antonio Adames, gerente general.
Como se recordará, el 15 de septiembre pasado el diario Hoy dio la primicia y en la nota titulada “La corrupción de Cristina mata y contamina” informó sobre el desastre natural que había causado
el derrame de cianuro al romperse un caño en la Mina Veladero, explotada por la empresa Barrick Gold en la localidad sanjuanina de Jáchal.

A partir de haber trascendido el siniestro por nuestro diario, el tema fue abordado por los distintos medios de comunicación y provocó un cimbronazo político en la provincia cuyana y en la política minera del gobierno K.

El mes pasado trascendieron los resultados de un estudio realizado por peritos de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal, los que confirmaron la contaminación de cinco ríos y de las redes de aguas domiciliarias, y dejaron al exgobernador José Luis Gioja en la mira como un contaminador serial, al que no lo importó en lo más mínimo la salud de sus conciudadanos ni los recursos naturales de su provincia.

"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051, por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", concluyó la pericia.
El informe certifica que se violó la ley de residuos peligrosos y deja más complicados a los funcionarios del gobierno provincial de la gestión anterior, y autoridades y operarios de la empresa que opera en la Mina Veladero, quienes están en la mira del juez federal Sebastián Casanello.

Sin embargo, con total desparpajo, el gobierno de San Juan afirmó que los ríos de la provincia "no fueron contaminados y el agua de consumo de las comunidades no fue afectada". Y lo más indignante es que a pesar de las quejas de los asambleístas, la empresa Barrick Gold continúa funcionando y llevándose recursos minerales valiosos con sospechosos contratos.