Se agudiza la batalla judicial entre el Gobierno y los grupos piqueteros

Los dirigentes políticos y sociales acusados de fraude comenzaron a declarar ante la Justicia. Se aguarda el testimonio clave de Eduardo Belliboni.

La disputa judicial entre el Gobierno nacional y las organizaciones piqueteras afron­ta su punto más álgido. La causa, que comenzó por una investigación por presunta extorsión, se reorientó hacia la eventual defraudación al Estado en el manejo de fondos destinados a las cooperativas que gestionan las organizaciones, por lo que 27 dirigentes de organizaciones sociales quedaron bajo la lupa.

Durante la última semana, los acusados se presentaron ante la Justicia a declarar. El primero fue el dirigente nacional del Polo Obrero, Jeremías Cantero, y se prevé que desfilen un puñado de referentes, entre los que se encuentra Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, y María Isolda “Tango” Dotti, quien cobró notoriedad cuando, en el allanamiento a su domicilio, se encontraron más de U$S50.000 dólares. La acusada ya presentó documentación ante la Justicia que acreditaba que los fondos correspondían a una herencia.

Las declaraciones se dan luego de que, a fines de la semana pasada, la Justicia Federal ordenara realizar una serie de allanamientos a varios domicilios vinculados con el Polo Obrero.

Los operativos, ordenados por el juez Sebastián Casanello, tenían como objetivo identificar a los responsables de, al menos, cuatro sociedades comerciales “fantasma”. El objetivo es recabar documentación sobre la firma MinisioTrade S. R. L., que parece estar vinculada a otras sociedades sospechosas, como que figuran en los registros de facturas apócrifas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conocida como la “base APOC”.

El Gobierno está fuertemente involucrado con los avances de la investigación: si bien el juez Casanello rechazó el pedido del Ministerio de Seguridad para ser querellante, la cartera que conduce Sandra Pettovello sí fue aceptada en el expediente. En tanto, la Oficina Anticorrupción, Unidad de Información Financiera y Poder Ciudadano también habrían solicitado ser querellantes en la causa contra los piqueteros.

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