Tarifazo: la Corte fallaría la semana que viene

La batalla judicial por el tarifazo del gas sumó ayer un nuevo capítulo y la decisión final se dilata. Es que la Corte Suprema remitió a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, la causa que frenó el aumento de las tarifas en todo el país y le pidió su dictamen antes de emitir su fallo.

El envío del expediente a la Procuración es una instancia obligatoria y aunque la opinión de Gils Carbó no será vinculante, el Máximo Tribunal de Justicia no fallará sobre la cuestión hasta que la funcionaria cercana al kirchnerismo se expida.  

Así, se demorarían los tiempos del Gobierno que espera con ansias la decisión de la Corte, ya que podría ponerle fin, de alguna manera, a la puja judicial por el tarifazo. No obstante, se estima que la procuradora no demorará mucho dada la gravedad institucional del tema, ya que el fallo dictado por la sala II de la Cámara Federal de La Plata retrotrajo las tarifas a los valores previos a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería.

Aquel dictamen surgió tras las apelaciones de las asociaciones civiles Cepis y Consumidores Argentinos y del Ejecutivo a la resolución del Juzgado Federal 4, que ordenó convocar a una audiencia pública.

La Cámara tomó la apelación de las tres partes y, tras señalar que “la audiencia pública es un mecanismo de participación ciudadana que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales”, declaró la “nulidad” de las resoluciones del Gobierno.

Sin embargo, el 12 de julio el Gobierno apeló y pidió que mientras se analizaba ese recurso la resolución que frenó la suba de tarifas permanezca suspendida.

Esa última petición del Ejecutivo fue rechazada el 15 de julio por la Cámara, que ratificó la vigencia del fallo que suspendió los incrementos en el valor del gas.

Luego, la Cámara Federal habilitó, por pedido del Gobierno, la feria judicial para tratar la apelación y pidió a las demás jurisdicciones federales que le remitan los 46 expedientes que se abrieron en todo el país contra la suba del servicio.

La apertura de la feria aceleró los tiempos de los demandantes para presentar sus fundamentos contra el tarifazo y los de la Sala II, que resolvió el pasado 4 de agosto aceptar la apelación del Ejecutivo y girar el expediente a la Corte.

Ahora, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti decidieron darle voz a la procuradora, esa a quien hasta el Presidente Mauricio Macri le reclamó que diera un paso al costado por su “militancia judicial” al servicio K, y su dictamen, confían los más optimistas, se conocería en una semana. Entonces, la Corte emitiría su fallo. 

Protestas contra la suba

Ayer, la calle volvió a ser escenario de protestas contra el Gobierno luego de que agrupaciones de izquierda marcharan a la porteña Plaza de Mayo para exigir el freno al tarifazo en los servicios públicos.

El objetivo de los piquetes, informó el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), fue “exponer ante el pueblo trabajador la necesidad de un paro nacional activo” y exigir “a las cúpulas sindicales” medidas de fuerza “contra la inflación, los tarifazos y despidos”.

Consumidores reclaman audiencias “participativas”

El lunes, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró que “sería muy grave” que la Corte Suprema de Justicia no avale el aumento de tarifas, aunque avisó que el Gobierno realizará una “audiencia informativa” para dar a conocer el valor de “la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo”, al tiempo que alertó que “el servicio está comprometido”.

En tanto, ayer, desde distintas asociaciones de defensa a los consumidores, rechazaron el carácter “informativo” de las audiencias públicas a las que convocaría el Gobierno tras la suspensión del tarifazo.

Por caso, el presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, aseguró que las “audiencias públicas no solo son informativas”, sino que “también tienen que constituir una instancia de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, de modo tal que todo usuario que pueda verse afectado, o tenga un interés particular o general, pueda expresar su opinión. Si la audiencia pública a convocar queda limitada solamente a la etapa informativa, se estaría desvirtuando su finalidad que es promover y permitir una efectiva participación ciudadana”, planteó.

Mientras que el titular de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli,coincidió en que “no alcanza solo con realizar una audiencia informativa” y pidió que se discutan los incrementos “con toda la información sobre la mesa”.

Por su parte, el abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Adecua), Osvaldo Riopedre, aseguró que estamos en una “situación de urgencia” tanto para las compañías distribuidoras como para los consumidores, debido a que “las empresas no recaudan y los usuarios algún día van a tener que pagar. Si no pueden pagar una factura, menos van a poder pagar si se juntan dos o tres”.