Trabajadores denunciaron el desmantelamiento de los espacios para la memoria

En la jornada de este lunes, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y los Espacios para la Memoria movilizaron desde las 10:30 de la mañana hacia la sede de la Ex ESMA para repudiar los despidos y el vaciamiento de las políticas públicas de memoria por parte del Gobierno de Milei.

Según se informó, este domingo 30 de junio vencieron las renovaciones de los contratos efectuados en marzo por el gobierno nacional, tras una primera tanda de despidos masivos.

En ese marco, comenzaron a conocerse miles de despidos en distintas áreas de la administración nacional, como el INTI, el Senasa, el Hospital Posadas, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y el Incaa, por solo mencionar algunas dependencias.

Se trata de “otra barrida y otra limpieza” en la planta de trabajadoras y trabajadores estatales, tal como adelantó el viernes pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien, además, adelantó que quienes mantienen sus lugares lo harán “por un tiempo determinado”.

En este marco, otras de las áreas afectadas serán la Secretaría de Derechos Humanos y los Espacios para la Memoria, por lo que trabajadoras y trabajadores de ambas áreas convocaron a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y asambleas barriales a “rodearnos de solidaridad frente a los despidos y el vaciamiento de las políticas públicas de memoria”.

En un comunicado, los trabajadores expresaron su “profunda preocupación por la no renovación de los contratos de trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el sostenimiento de los Espacios para la Memoria, memoriales reconocidos internacionalmente”.

“Los trabajadores y trabajadoras que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, están en peligro. Y junto con ellos los Espacios para la Memoria. Los despidos y el desfinanciamiento constituyen un riesgo para la Memoria, la Verdad y la Justicia, materializadas en estos lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Extermino durante la última dictadura cívico militar, donde fueron vistas con vida por última vez miles de personas detenidas desaparecidas. Los sitios y su trabajo se enmarcan en la Ley de Sitios 26.691, en los Principios para los Sitios de Memoria de la CIDH, así como también poseen diversas declaraciones patrimoniales y judiciales siendo éstos prueba material de los delitos de lesa humanidad que allí se cometieron”, señalan.