Un golpe obsceno a la democracia

"Creeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”: esta fue la frase que encabezó los titulares de diarios y noticieros el pasado 27 de diciembre.

Su autor fue Marcelo Villegas, ministro de Trabajo en el gobierno de María Eugenia Vidal, y la formuló durante una reunión en la sede del Banco Provincia en La Plata, el 15 de junio de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Este fue el puntapié inicial para evidenciar la mafia que se armó en tiempos de la gestión de Cambiemos en la Provincia (2015-2019) para crear causas y perseguir a opositores, en especial a representantes de los sindicatos.

Además de la frase detestable enunciada por el entonces funcionario provincial –que recibió repudios desde todos los sectores de la sociedad–, aquí se evidenció algo mucho más grave: la participación de personas pertenecientes a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“Diego”, “Sebastián” y “Darío” son los nombres que se mencionan en el video y que corresponden a Diego Dalmau Pereyra, Sebastián De Stéfano y Darío Biorci, integrantes de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los agentes fueron presentados durante estas reuniones, aunque los funcionarios participantes de la me­sa judicial de Vidal declararon desconocer su identidad (ver página 4). Se trata del exministro de Infraestructura provincial Roberto Gigante; de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires; de Juan Pablo Allan, senador provincial; y del actual intendente de La Plata, Julio Garro.

Los verdaderos “mafiosos”

Durante el encuentro –que se evidencia en más de 25 videos, según informaron oficialmente–, los funcionarios de la exgobernadora se encargaron de “coachear” a los empresarios presentes para que sus testimonios denotaran “delito”.

Adrián Grassi fue quien graficó en su totalidad el funcionamiento de “la Gestapo” de Vidal, mediante su asesoramiento a quienes iban a acudir a la Justicia para denunciar a los líderes sindicales: usar los términos “amenaza”, “extorsión”, “comportamiento delictivo”, “violencia” y “vandalismo” garantiza que sus denuncias “terminen encuadrando en un envase dentro de algún artículo del Código Penal”, para luego poder “agarrar a un fiscal para decidir acciones”.

Durante la charla también se menciona al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, que actualmente afronta pedidos de juicio político y de renuncia.

Marcelo Jaworski, director general de Copetro, Fabián Cusini, constructor, organizador inmobiliario y presidente de Agrineco, Fernando Sacrachi, director de ACIP, y Guillermo Moretto, ­presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, fueron los representantes del sector empresarial que también participaron de este entramado siniestro.

Así fue como se armó esta “mesa judicial” bonaerense, una verdadera mafia articulada desde el Ejecutivo provincial y nacional –a cargo de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri–, el Poder Judicial y el sector privado para perseguir y encarcelar a los representantes de los trabajadores.