Una consecuencia del rumbo económico
Hace algunas décadas, cuando la Argentina tenía pleno empleo e indicadores de desarrollo social que la ponía a la par de las naciones del primer mundo, hablar sobre la tasa de homicidios prácticamente no tenía sentido por el simple hecho de que no existía la inseguridad.
La cultura del trabajo, la movilidad social y la posibilidad de poder progresar en función del propio esfuerzo establecían un fuerte lazo social que se sustentaba también en la familia y en la comunidad. El valor de la vida era sagrado: a casi nadie se le ocurría atentar contra otra persona.
Todo eso comenzó a cambiar con la violencia política de los años ‘70, la llegada de la sangrienta dictadura militar (ayudada por los grupos guerrilleros que también atentaron contra la democracia) y la adopción de una política económica -que tiene plena vigencia- que devastó el aparato productivo y pulverizó cientos de miles de puestos de trabajo genuinos.
En un país que tiene la capacidad de alimentar a 300 millones de personas, hay chicos que todos los días mueren de hambre por la desnutrición; hay cientos de miles de familias que prácticamente están obligadas a sobrevivir de las dádiva del infame clientelismo político que despliega el kirchnerismo, que no hace más que condenarlos a seguir siendo pobres o indigentes.
Asimismo, la delicada situación que se está viviendo con la inseguridad requiere que haya políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo para profesionalizar a las fuerzas de seguridad (con salarios dignos, equipamientos modernos y una formación acordes a los tiempos que corren), para que sean capaces de prevenir y hacer frente a las nuevas modalidades delictivas, y especialmente al narcotráfico. Lamentablemente, el kirchnerismo viene dando sobradas muestras de que el problema de la seguridad no figura entre sus prioridades, al punto que ayer, cuando la Corte Suprema de Justicia presentó su investigación sobre los homicidios, la ministra del área, Nilda Garré, pegó el faltazo.
La inacción gubernamental lleva a que la droga en nuestro país circule libremente, al tener fronteras que son verdaderos coladores. Y los más perjudicados son los sectores más humildes de la sociedad, afectados por estupefacientes como el paco, altamente adictivos, que lleva a numerosos jóvenes a tener que salir a delinquir para conseguir los recursos que permitan saciar un vicio que mata neuronas de una forma asombrosa.
Cualquier política de seguridad fracasará, si al mismo tiempo no se ataca las cuestiones estructurales que tienen que ver con los factores que llevan a que vivamos en una sociedad cada vez más insegura.