Scioli: oscuro negociado para saquear los salarios de docentes y estatales

Un decreto firmado por Scioli y Alberto Pérez amplía el tope de descuentos del 20 al 30% en los salarios de docentes y estatales. Limita a las asociaciones gremiales, habilitando el ingreso de financieras sospechadas de lavado de dinero. El dirigente Carlos Quintana (UPCN) en la mira

El pasado 1º de diciembre, en momentos en que la mayoría de los funcionarios sciolistas estaban vaciando sus oficinas para entregárselas al nuevo gobierno, Daniel Scioli y el entonces jefe de gabinete Alberto Pérez, firmaron -entre gallos y medianoche- un decreto que pone en serio riesgo los salarios de los docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires.

¿En qué consistió la maniobra? Mediante el decreto 1916/2015 se creó en la provincia de Buenos Aires el denominado “Proceso Único de Autorización de Descuentos sobre Haberes Salariales y Beneficios Previsionales” y el “Centro Único de Datos”, que deberían funcionar dentro de la estructura de lo que era la Jefatura de Gabinete. En ese sentido, la normativa en cuestión profundiza los aspectos más polémicos que ya estaban planteados en un proyecto de ley que el conjunto de las organizaciones sindicales de la Provincia lograron frenar -y mandar al archivo- hace dos años en la Legislatura.

El actual decreto, al igual que el frustrado proyecto de ley, habilita llevar el tope de los descuentos por préstamos del 20 al 30 por ciento de los haberes de personal, alimentando la usura al punto que habilita el ingreso de financieras, cooperativas y bancos de dudoso origen, sospechados de ser plataformas para el lavado de dinero, pudiendo comprometer seriamente los salarios de los trabajadores y docentes de la provincia de Buenos Aires.

Según distintas fuentes consultadas por Hoy, todo indicaría que quien estaría detrás de esta movida es un oscuro financista llamado Walter Grenon, quien está siendo investigado en varias provincias por lavado de dinero a gran escala, estafas e irregularidades de todo tipo y color. Grenon buscaría quedarse con este negocio a partir de un acuerdo con Carlos Quintana, titular del gremio UPCN, quien a su vez fue uno de los principales promotores políticos y económicos de las candidaturas de Aníbal “La Morsa” Fernández y Daniel Scioli. No por casualidad el trámite que desembocó en el decreto, según pudo saber Hoy, se inició el 20 de julio de este año con un escrito presentado en la mesa de entrada de la Jefatura de Gabinete de la Provincia. Es decir, comenzó en la antesala de las primarias, donde La Morsa –apoyado por el líder de UPCN- se enfrentó a Julián Domínguez como candidato a gobernador.

Como se dijo, la rúbrica de Scioli y Pérez se concretó el 1º de diciembre y luego, el 10 de diciembre (el mismo día del cambio de gobierno), en menos de dos horas (entre las 17:19 y las 18:58), el expediente fue tratado de forma expedita por distintas dependencias: pasó por la Dirección de Servicios Técnicos Administrativos, volvió a la Mesa General de Entradas de la Jefatura de Gabinete, transitó nuevamente por la Dirección de Servicios Técnicos Administrativos y recaló finalmente en la Subsecretaría Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Es decir, se terminó de concretar el circuito administrativo para su puesta en práctica minutos antes de que la Jefatura de Gabinete se disolviera producto de la nueva Ley de Ministerios que esa misma noche se aprobó en la Legislatura.

Grenon ya había intentado ingresar por la ventana a la administración pública bonaerense en el año 2011 cuando una de sus mutuales, llamada Itala, firmó un convenio con la jefatura de Gabinete y, mediante la firma de otro decreto de Alberto Pérez, se le habilitó aplicar descuentos superiores al 20% en los salarios de los estatales y docentes, violando la normativa vigente. Según pudo saber Hoy, en ningún momento la administración sciolista consultó la firma del decreto 1916/2015 con los equipos de Vidal, cuyos integrantes se encontraron con los hechos ya consumados y por eso, más temprano que tarde, dispondrían la derogación de la normativa. Por lo pronto, el conjunto de las entidades gremiales hoy emitirían un documento contra el régimen establecido por Pérez y Scioli. 

Se sospecha que tanto el candidato a presidente del Frente para la Victoria como su jefe de Gabinete, habrían pagado “favores de campaña” al haber firmado este decreto, a espaldas de los trabajadores. A su vez, es una herramienta de presión a los sindicatos ya que le da facultades discrecionales al centro único de datos para aplicar suspensiones y pérdidas de códigos de descuentos a organizaciones sindicales en una o varias jurisdicciones. Es decir, otorga herramientas para ahogar económicamente a los gremios que no estén dispuestos a integrar este perverso sistema. 

En ese sentido, uno de los puntos más controvertidos del régimen establecido por tándem Scioli-Alberto Pérez, es que se obliga a los gremios a abonarle a depositar en el Centro Único el 1% de la totalidad de las sumas que la administración retenga con motivo de la aplicación de los códigos de descuento, lo que implicaría la conformación de una caja millonaria a costa de los recursos que son de los trabajadores. Estamos ante uno de los escándalos más resonantes de los últimos años, ocurrido en la administración pública bonaerense, y todo indica que el ex gobernador y su mano derecha deberán dar explicaciones.

Denuncian violación a la ley de Asociaciones Sindicales

Desde distintas entidades gremiales se advirtieron graves y severos reparos tanto desde el punto de vista constitucional, legal como sindical, puesto que la materia sobre la que procura regular el decreto avanza en contraposición a la Ley de Asociaciones Sindicales (especialmente los artículos 37, 38, 47 y 53) y repercute de modo directo sobre el patrimonio de los gremios. “Así también advertimos –tal como ha acontecido con proyectos fallidos anteriores- una inaceptable intromisión en la vida sindical de las entidades que representamos pues afecta e inmiscuye directamente sobre la autonomía y la libertad sindical”, afirmaron un grupo de sindicatos en una nota dirigida al Ministerio de Trabajo bonaerense el pasado 9 de octubre.

Insólitamente, desde la cartera laboral que conducía Oscar Cuartango, negaron la existencia del expediente en cuestión que, tal como lo pudo comprobar Hoy, había comenzado a tramitarse el 20 de julio. 

“Entendemos y sostenemos que la temática resulta sumamente sensible y de vital trascendencia para nuestras organizaciones, quienes pese a ser destinatarios principales y directos del proyecto en cuestión, no hemos sido consultados respecto de su contenido y alcance”, habían advertido los gremios en la mencionada misiva.
La bronca de los gremios con Cuartango es inmensa. Lo acusan de haberles mentido de forma descarada.

EN FOCO

El proceso de degradación

El decreto de Scioli es el resultado del proceso de degradación, en el que se encuentran inmersas muchas estructuras sindicales, producto de las políticas económicas que puso en marcha el inefable José Alfredo Martínez de Hoz en 1976 y que, en varios aspectos, terminaron siendo profundizadas durante la mal llamada década ganada.

El poderío que tuvieron los sindicatos, durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, fue el resultado del sistemático aumento de la producción y de la productividad, en un contexto de fuerte industrialización. En aquel entonces, la quincena que cobraba un obrero duplicaba y hasta triplicaba el salario de un empleado estatal y por eso tenían preeminencia en el escenario político aquellos gremios relacionados a actividades que le daban valor agregado a la economía, como el Sindicato de la Carne, Vidrio, Plástico, Petroleros, etc. Luego, con la política desarrollista desplegada por Arturo Frondizi, lograron crecer los metalúrgicos que, hasta el golpe militar de 1976, era por lejos el sindicato más poderoso del país. Todos estos gremios no necesitaban recurrir a la usura ni al vaciamiento de obras sociales como el IOMA: su crecimiento estaba atado a la potencialidad económica que tenía el país. 

Con la desindustrialización de la Argentina, comenzaron a ganar terreno los sindicatos ligados a los servicios ligados al Estado. El sector público se convirtió –especialmente en la última década- en un verdadero conchabo para esconder la desocupación real, producto de la casi nula generación empleo genuino y la desarticulación del aparato productivo. Este fenómeno hizo que algunos sindicalistas –no todos, cabe remarcarlo- se terminarán convirtiendo en socios y cómplices de los gobiernos de turno que profundizaban la entrega. Precisamente, estos sindicalistas, en su mayoría, apoyaron abiertamente a Scioli y Aníbal Fernández, quienes eran garantes de la continuidad de sus oscuros negociados. 

En definitiva, desterrar este sistema corrupto enquistado en el Estado sólo será posible mediante un cambio profundo de la política económica que permita la reactivación del aparato productivo y la generación masiva de empleo genuino.