El cambio no puede ser una farsa

Por Myriam Renée Chávez de Balcedo
Directora del diario Hoy

Resulta interesante que, como forma de diferenciarse del kirchnerismo, el presidente electo, Mauricio Macri, intente mostrarse como un mandatario abierto al diálogo, capaz de escuchar distintas opiniones y reunir en una misma mesa a representantes de las más variadas ideologías políticas. Ahora bien, teniendo en cuenta lo afirmado reiteradamente en los últimos días por el propio Macri, y por la gobernadora María Eugenia Vidal, respecto a que no son personas “infalibles”, tengo el derecho de señalar algunos peligros y contradicciones de las nuevas autoridades que asumieron la conducción de la Casada Rosada y de la Casa de Gobierno bonaerense.

El derecho a interpelar desde el diario Hoy a quienes detentan el poder político nos los da el hecho de haber sido uno de los pocos medios de comunicación que se atrevió a denunciar y cuestionar la entrega en pleno auge del menemismo. Lo mismo hicimos con el desastre que hizo Eduardo Duhalde en la Provincia e igual accionar desplegamos durante la mal llamada década ganada, lo que llevó a que el kirchnerismo usara todo el poder del Estado para intentar silenciar nuestras editoriales e investigaciones.

Realmente cuesta entender como personajes como Daniel Scioli, Alicia Kirchner y distintos gobernadores feudales del interior del país, que fueron partícipes principales del saqueo que se vivió en la Argentina en la última década, puedan ser recibidos con “alfombra roja” en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Peor aún, ayer se conoció que el ex candidato presidencial del kirchnerismo, quien representó nada menos que a Cristina Kirchner en las últimas elecciones, fue tentado para trabajar con el nuevo gobierno para atraer inversiones. Se trata de un verdadero atentado a la razón. Por un lado, difícilmente Scioli, luego de perder el balotaje, pueda convencer a alguien para que traiga un solo dólar a la Argentina. Solo basta recordar que fue corresponsable de casi todas las iniciativas más aberrantes del kirchnerismo, y además se dedicó sistemáticamente a defender lo indefendible, poniendo de manifiesto una genuflexión pocas veces vista. Para colmo, dejó una provincia quebrada. En definitiva, la figura de Scioli también representa los hospitales bonaerenses carentes de insumos, que se caen a pedazos; las rutas en ruinas, convertidas en verdaderas trampas mortales que se cobran cientos de vidas todos los años; la educación pública en estado de coma, con escuelas colapsadas, la calidad académica por el piso y la gran mayoría de los alumnos de la secundaria que se reciben sin poder comprender textos simples.

Algunos parecen olvidarse que en caso de haber ganado Scioli ahora seguramente tendríamos a Amado Boudou en alguna embajada y seguiría en funciones personajes nefastos como el titular del AFIP, Ricardo Echegaray, garante de los principales negociados que se hicieron en la Argentina en los últimos 6 años. También tendríamos como ministro a José Luis Gioja, el gobernador sanjuanino –y actual diputado- que permitió que pueblos enteros de su provincia sean envenenados con cianuro. Peor aún: de haberse impuesto el oficialismo en octubre tendríamos como gobernador de la principal provincia del país a Aníbal “La Morsa” Fernández, sindicado por sus vinculaciones con el narcotráfico.

En el caso de la gobernadora Vidal, el panorama es similar. Cuesta entender como, luego de haber dicho que recibió “una provincia quebrada”, haya decidido reciclar en su propio gobierno a varios de los funcionarios sciolistas, que estuvieron junto al ex motonauta hasta el mismo día del balotaje y, por ende, formaron parte del quebranto. En ese sentido, un factor clave de la crisis de la provincia es el vaciamiento del IOMA, cuyos máximos responsables siguen impunes y para colmo buscan reciclarse en el nuevo directorio.

Hay millones de argentinos que votaron para que haya un cambio real en el país y en la provincia, que reclaman Justicia. Esto no significa ser “vengativos” como dicen los kirchneristas en retirada, en un intento de autovictimización que no resiste ningún análisis. Por el contrario, de lo que se trata es que se generen las condiciones para que todos los corruptos que se robaron el país sean investigados, y consecuentemente enjuiciados, con todas las garantías del debido proceso. Pero esto será imposible de lograr si desde la cúspide del poder político se sigue colmando de honores a los responsables de la debacle.

Quienes nos gobiernan, junto con la Justicia, tienen la obligación y el deber de hacer cumplir con esa sabia frase que dice: “el que las hace, las paga”. Y esto tiene que empezar desde arriba para abajo. Es decir, aquellos funcionarios que como dijo Margarita Stolbizer “se robaron hasta el agua de los floreros”, deben sentarse en el banquillo de los acusados y terminar tras las rejas una vez comprobada su culpabilidad. De lo contrario, se consolidará un modelo de país donde los únicos que terminan en la sombra son los pobres, los llamados “ladrones de gallinas”, mientras que los poderosos gozan de plena impunidad.  

Pareciera que, desde algunos sectores, buscan hacer creer que con el mero hecho de que se le impida salir a Boudou del país se podrá dar respuesta al reclamo ciudadano para que se termine con la corrupción. En todo caso, lo que está sucediendo con el ex vicepresidente es lo mismo que se registró con María Julia Alsogaray luego de la década menemista: se optó por enjuiciar y condenar, de forma permanente y sistemática, a uno de los íconos de la corrupción, pero la mayoría de los máximos responsables de haber rematado al país siguen libres, como cualquier vecino de barrio, sin tener que rendir cuentas por sus actos.  

Karl Marx decía, en el siglo XIX, que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Lo que deberían saber  aquellos que nos gobiernan es que gran parte de la sociedad dijo basta y no podrá ser conformada con simples fuegos de artificio.