Joe Biden cancela una gira internacional para evitar el default

La deuda estadounidense alcanzó los 31,4 billones de dólares. El presidente se reunió con miembros del Poder Legislativo para llegar a un acuerdo.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió cancelar algunos puntos de su agenda en una gira internacional que lo llevaría por Asia y Oceanía para avanzar en un acuerdo que le permita evitar el default en su país.

Es que la fecha límite es el 1° de junio, por lo que el mandatario busca llegar a acuerdos con los republicanos en el Congreso. La deuda, vale mencionar, ya alcanzó los 31,4 billones de dólares, lo que elevó las preocupaciones.

Biden se sentó en las últimas horas con el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otros legisladores, como el demócrata Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, líder de la minoría republicana de la Cámara Alta, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes.

Así, el presidente acortó su paso por Oceanía y regresará el domingo a Washington para seguir negociando con los republicanos. Según se informó, Biden canceló los viajes a Australia y Papúa Nueva Guinea, pero tiene la intención de asistir a la próxima reunión del G7 en Japón.

El Tesoro ha advertido de consecuencias “catastróficas” si Estados Unidos se queda sin efectivo y cree que provocaría una subida de las tasas de interés con efectos colaterales para las empresas, los titulares de hipotecas y los mercados financieros de todo el mundo.

Lo cierto es que la decisión final la tiene el Congreso, por lo tanto, si no se alcanza un acuerdo a tiempo y los legisladores no aprueban superar el límite de la deuda del país, el Departamento del Tesoro augura como consecuencia una “catástrofe económica y financiera” a partir del próximo 1° de junio.

Uno de los puntos en tensión entre demócratas y republicanos tiene que ver con que, de no evitar el default, se desatará una situación “caótica” que llevaría a suspender el salario de cerca de 8,3 millones de empleados públicos, incluyendo miembros activos del servicio militar y otros recortes en materia de seguridad social, pensiones y reembolso de impuestos, además de reducirse el mercado de valores a la mitad.

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