Máxima tensión entre Colombia y las disidencias de las FARC

Tras el asesinato de cuatro jóvenes en el sur del país, el presidente Gustavo Petro anunció que “se reactivan” las ofensivas contra el grupo armado denominado Estado Mayor Central.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer el fin de la relación bilateral que tenía con el grupo armado conocido como Estado Mayor Central (EMC). La medida se tomó luego de que fueran asesinados cuatro adolescentes indígenas del sur de Colombia el 17 de mayo. El grupo armado contestó que el fin de la tregua “desatará la guerra”.

“Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente a menores de edad, lo mismo”, aseguró el mandatario colombiano luego de una reunión en el Puesto de Mando Unificado en San José del Guaviare. Ahora les exige a las fuerzas del EMC que “cesen las hostilidades” hacia la población civil en sus regiones de influencia.

El corte de las relaciones pacíficas se da en 4 de los 16 departamentos de Colombia en los que se cree que opera la facción disidente de las FARC (Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo). La noticia no fue bien recibida por el grupo armado que lidera Iván Mordisco y que nació en oposición al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La respuesta del EMC

A través de un comunicado, el Estado Mayor Central advirtió que “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”. Asimismo, negaron estar detrás del asesinato de los cuatro adolescentes y de los reclutamientos forzosos.

El grupo armado que tiene entre 1.700 y 3.200 integrantes vinculó la decisión de Petro a un acuerdo con Estados Unidos, ya que el domingo el mandatario se reunió con la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos. “El supuesto gobierno del cambio, el cual no se ha visto más que en discursos y promesas, sigue en el continuismo de asumir decisiones norteamericanas con celeridad, como lo mostró la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad”, señala el comunicado.

La masacre del 17 de mayo fue denunciada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, pero todavía no se esclareció. Tanto el EMC como el Ejército de Liberación Nacional negaron ser los ­responsables.

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