Tensión en Bolivia: Santa Cruz sigue en pie de lucha

La próspera región de Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición, inició un enfrentamiento con el gobierno central exigiendo que en 2023 se realice un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe. El gobierno de Luis Arce acaba de confirmar que esa consulta se celebrará el 23 de marzo de 2024 y no antes, porque no hay posibilidades técnicas para ello, y anticipó el inicio de acciones penales para los líderes de la revuelta, que incluyó cortes de ruta, incendios, numerosas pérdidas económicas para el país y la muerte de entre tres y cuatro personas.

El diario paceño La Razón publicó ayer que el cabildo convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz determinó dar un plazo de 72 horas al gobierno para la liberación de los detenidos producto de los enfrentamientos, mientras el paro indefinido se mantiene. Exigió además una ley que garantice que el censo y la distribución de recursos se realizarán en 2024 y que la redistribución de escaños se aplicará antes de las elecciones de 2025.

En un mensaje grabado desde su casa, donde cumple detención domiciliaria, Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, fustigó al gobierno y alentó a sus afines a recargar energías, pues “la lucha no ha terminado”.