ABSA: denuncian nuevas irregularidades

La audiencia pública del miércoles pasado le da vía libre a la empresa para incrementar el servicio entre un 140% y 500%. Sólo resta la firma de la gobernadora Vidal para la aplicación del nuevo cuadro tarifario.  Irregularidades con los medidores. Reclaman que se investiguen a los vaciadores

Murialdo Aimar recorrió 500 kilómetros, desde su domicilio en el Partido de Lincoln hasta el Colegio de Abogados (13, entre 48 y 49) de nuestra ciudad, para estar presente en la tensa audiencia pública a la que el miércoles pasado convocó el gobierno de María Eugenia Vidal, con el fin de dar luz verde al tarifazo solicitado por el concesionario Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). 
 
Fue en ese marco, que Murialdo, junto a un nutrido número de usuarios damnificados, asociaciones de consumidores, legisladores y concejales, cuestionó con dureza el servicio de agua potable brindado por ABSA, por no ser “apta para consumo humano”; se opuso a la inminente suba del valor del metro cúbico entre un 140% y 500%; y reclamó “investigar a quienes vaciaron la empresa manejado por el estado bonaerense y el Sindicato de Aguas, puesto que en la línea gerencial de ABSA siguen los mismos gerentes del sciolismo”.

“Nos estafaron otra vez. Encima, ante nuestro reclamo, las autoridades nos dijeron que, si no estábamos conformes con el aumento, fuéramos a la Justicia y, para concluir la audiencia, nos apagaron la luz”, afirmó Murialdo a Hoy.

Indignado, el referente de la Coalición Cívica de Lincoln reclamó “crear una nueva empresa estatal para el servicio de Aguas y Líquidos cloacales, que elimine la figura de la Sociedad Anónima que es la forma jurídica que impide los controles del Estado y permite el robo, vaciamiento y ‘no servicio’ de ABSA”.

En otro orden, el usuario damnificado -que en 2011 le ganó un juicio a la empresa por el mal servicio prestado- subrayó que la concesionaria “cobra $1.200 la colocación de un medidor, mientras que un medidor de luz o gas cuesta 10 o 15 veces menos; además de que, en un hecho inédito, le aplica valuación fiscal al servicio de agua”.

Durante la audiencia, los usuarios reiteraron un reclamo que data de hace un año: la devolución del dinero cobrado ilegalmente en el año 2012, a partir de un aumento tarifario del 180% aplicado sin que previamente se realizara la audiencia pública que exige la normativa vigente. Por esto, la Corte Suprema de la Nación dejó firme un fallo del Máximo Tribunal bonaerense y del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, mediante el cual se obligó al gobierno de la Provincia a devolver aproximadamente $1800 millones recaudados por ABSA.
Para evitar otra sentencia, la empresa esta vez sí convocó a una audiencia “no vinculante, con el tarifazo decidido. Sólo falta la firma de Vidal y así lo reconoció el Subsecretario de Servicios Públicos bonaerense, Pablo Gaitán, al decir que la convocatoria era el paso legal necesario para aprobar el aumento”.

“¿Dónde quedaron las promesas de cambio?”, se preguntó Murialdo, al ver cómo la gestión de  Vidal, lejos de intentar remediar la herencia recibida, se dispone a aprobar un nuevo tarifazo, mientras el servicio brindado por ABSA es paupérrimo: los cortes sistemáticos y el agua contaminada hablan por sí solos.

Frente a la indiferencia provincial, se planifica visibilizar la problemática con una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación, “para que alguien se ponga al frente de nuestros reclamos. El agua es un derecho humano que no debe tener color político”, concluyó Murialdo.