Alberto Pérez se presentará ante la Justicia por estafas millonarias

Lo indagará el fiscal platense, Álvaro Garganta, por presuntas maniobras de recaudación ilegal al presentar facturas apócrifas por servicios ficticios. El martes será el turno del exsubsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone

Los casos de corrupción en la era sciolista llegaron a la Justicia con fuerza este año y las pruebas recolectadas provocaron que altos exfuncionarios tuvieran que presentarse en calidad de imputados en los estrados judiciales.

Mañana será el turno de quien fue jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli, Alberto Pérez, quien deberá prestar declaración indagatoria ante el fiscal Álvaro Garganta como imputado en una investigación por presuntas maniobras destinadas a “encubrir gastos”, que eran autorizados con su firma, y que supondrían irregularidades en 25 hechos por 10.720.347 pesos, en perjuicio de la administración pública provincial.

La citación fue fijada para horas de la mañana bajo la carátula del presunto delito de “peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El fiscal también convocó por la misma causa para el próximo miércoles a Walter Carbone, exfuncionario de la jefatura de Gabinete, cuya mansión del country Abril resultó allanada en el marco de un procedimiento que incluyó el secuestro de una escultura que representaba la figura de un dragón alado que en su interior contenía una caja fuerte.

Para el jueves fue citada la contadora Sandra Alicia Mamberti y para el viernes Mónica Ripamonti, también vinculadas a la causa, que se inició a partir de una presentación de la diputada Elisa Carrió para que se investiguen las presuntas irregularidades en la administración del exgobernador Daniel Scioli.

Además, otros dos exfuncionarios de la era Scioli están ahora bajo la mira de la Justicia, en el marco del presunto lavado de dinero: se trata de quien estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, y el exdirector de Subsidios y Subvenciones, Rodolfo “Manino” Iriart, ahora diputado provincial.

“Un gran desmanejo”

Garganta sostuvo en su resolución que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y el titular de la Subsecretaría Administrativa, sustrajeron, en por lo menos 25 ocasiones, la suma aproximada de $10.720.347, destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”. 

Carrió, ante Garganta, había advertido sobre hechos que dan cuenta de “un gran desmanejo de los recursos públicos de la Provincia”, a través de artimañas con “cajas negras” del Estado que “no solo habrían engrosado ilegalmente el patrimonio de los denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podría haber sido ocultado a través de maniobras de conversión, transferencia o disimulación de bienes provenientes de ilícitos penales”.

Fueron 25 expedientes truchos

Las irregularidades en el ámbito de la jefatura de Gabinete durante la era de Daniel Scioli se empezaron a detectar el 6 de enero de 2014, cuando el titular de esa dependencia, Alberto Pérez, dispuso una orden de pago a favor del entonces subsecretario de Administración, Walter Carbone, por 344.800 pesos, a cobrar en efectivo luego de la presentación de cuatro 

facturas apócrifas.

A partir de allí, se identificaron 25 expedientes. El último de ellos, el 21 de octubre de 2015. El exjefe de Gabinete, con el respaldo de seis boletas truchas, emitió un documento de pago por 700.000 pesos.

Los motivos para justificar esas erogaciones comprendieron la organización de eventos en verano en el Partido de la Costa y Mar del Plata, jornadas de capacitación para intendentes e instrucciones para los jefes de mesas en el marco de las elecciones, entre otras.

De acuerdo con el informe elaborado por la UFI nº 11 de La Plata, durante 2014 se emitieron 45 facturas truchas por más de 4 millones de pesos y, al otro año, fueron 63 las boletas apócrifas por más de 6,5 millones de pesos.

“Utilizaron nuestro nombre para un hecho de corrupción”

En el marco de la investigación por lavado de activos de exfuncionarios de Daniel Scioli, el fiscal Álvaro Garganta recibió la semana pasada en su despacho a dirigentes de una de las organizaciones que presuntamente fue beneficiada con un importante subsidio durante 2014, quienes denunciaron no haber pedido ni recibido un peso.

Los denunciantes fueron el presidente y el secretario de la Sociedad Italiana de Berisso, Daniel Gasparetti y Héctor Reinaldi, quienes le dijeron al fiscal que se enteraron por una infografía de este diario que la entidad que ellos representan figuraba como beneficiaria de una suma de $298.000, durante 2014.

De hecho, en el expediente judicial que encabeza Garganta se detalla que “el 11 de julio de 2014, en el marco del expediente 2206-19465/14, por medio de la resolución 503 del ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Alberto Pérez, mediante la Orden de Pago en efectivo 4.701 en favor de Walter E. Carbone, se autorizó un retiro en efectivo y se presentaron dos facturas apócrifas por un total de 298.000 pesos, a ser rendidos en la Orden de Pago Presupuestaria 6.121, para llevar adelante una colaboración con la colectividad Italiana en Berisso, para su presentación en la XX Feria de Colectividades a desarrollarse en Mar del Plata, en el período del receso invernal”.

Desde la entidad de Berisso le explicaron a diario Hoy que esa abultada partida que incluía viáticos y alojamientos se aprobó en el año 2014 desde la Jefatura de Gabinete, pero los verdaderos gastos de la Sociedad Italiana para participar de ese evento eran $11.000 en pasajes y otros $4.000 o $5.000 de estadía para la comitiva de jóvenes que bailaría en el acto, y que de todos modos, todo fue pagado por la entidad con recursos propios.

“Estamos dolidos e indignados. El gobierno bonaerense nos otorgó dos subsidios de $20.000. Uno en 2014 y otro en 2015. Pero de ninguna manera fueron $298.000. Utilizaron nuestro nombre para un hecho de corrupción”, agregaron desde la Sociedad Italiana.