Amnistía confirmó que la Policía de Jujuy realizó detenciones arbitrarias

La triste y dramática situación que se dio en la provincia de Jujuy por órdenes del gobierno de Gerardo Morales a mediados de este año sigue dando que hablar y todavía genera indignación en las organizaciones sociales, políticas y defensoras de derechos humanos de todo el país que luchan día a día por tener un país cada vez mejor.

Los hechos ocurridos el pasado 20 de junio habían derivado en cortes indefinidos, reclamos y pedidos de Justicia para las víctimas de la represión que llevó a cabo la Policía del gobernador Morales. Ahora la situación es distinta, pero las marcas quedaron y los reclamos continúan estando vigentes.

En ese aspecto, en los últimos días la organización Amnistía Internacional señaló que “la Policía de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia”.

De esta manera, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, agregó que “las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”.

Fue tras una visita que una delegación del organismo internacional realizó a fines de septiembre a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Allí, la organización “constató el uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma en protestas, lo que resultó en múltiples casos de lesiones de quienes participaron en la protesta”.

En un anticipo de un informe en elaboración, la entidad humanitaria sostuvo que “la policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban. (…) Dos de ellas resultaron con lesiones oculares permanentes, incluido un adolescente que recibió disparos de balas de goma en el rostro y en el torso”.

De esta manera, Amnistía Internacional denunció que “funcionarios de las fuerzas de seguridad intervinieron en el control de las protestas en vehículos particulares, sin identificación o se rehusaron a identificarse al ser interpelados por las personas que se manifestaban. Asimismo, muchos relatos apuntan a la presencia de funcionarios estatales no uniformados que habrían agredido a los manifestantes con golpes y piedras”.