Arrancan juicios de lesa humanidad en La Plata y Tucumán

El debate comenzará hoy con la primera de las audiencias previstas.

Dos nuevos juicios por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983 arrancarán hoy, uno en nuestra ciudad y otro en la provincia de Tucumán.

En La Plata, y tras una larguísima instrucción que llevó nada menos que veinte años, se iniciarán las audiencias por los secuestros y torturas sufridos por 194 personas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) del Cuerpo de Infantería y el Regimiento de Caballería, en la esquina de 1 y 60, y en la comisaría 8ª, en la que estuvo alojado, entre otras víctimas, Jorge Julio López, quien desapareció en democracia luego de declarar, en otro juicio, contra el represor Miguel Etchecolatz.

En esta causa están imputados unos veinte exmilitares y efectivos de la Policía bonaerense y la Federal, por los hechos ocurridos entre marzo y diciembre de 1976 en esos lugares de detención ilegal, informó el Espacio de Lucha Nilda Eloy, que toma su nombre de una sobreviviente de la Noche de los Lápices que falleció en 2017 y que también declaró en el juicio contra Etchecolatz.

El CCD de 1 y 60, explicó el colectivo en una publicación en ANRed, fue parte del “Circuito Camps”, diseñado por el entonces jefe de la Policía provincial, Ramón Camps, para sistematizar la represión en la provincia de Buenos Aires durante los años de plomo.

Por otra parte, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán dio inicio al juicio de la causa “Jefatura III”, el decimoquinto proceso de lesa humanidad que se ­desarrollará en la provincia y en el cual se investigan crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar.

El debate de esta megacausa arrancará hoy con la primera de las audiencias previstas.

En mayo del año pasado, el TOF había llevado adelante una audiencia preliminar destinada a establecer, entre las partes, un acuerdo referido al desarrollo del juicio, y los magistrados propusieron que el inicio del proceso oral y público comenzara ­después del receso invernal de 2022.

En ese entonces, los fiscales y las querellas solicitaron adelantar el inicio del debate y que las audiencias tuvieran lugar con más periodicidad, un pedido que el TOF debía resolver; sin embar­go, no se había fijado una fecha hasta marzo de este año.

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