Avanza la Justicia para repartir los alimentos retenidos
Habilitaron la feria judicial para ejecutar la medida cautelar que obliga al Gobierno a repartir la comida destinada a comedores.
El juez federal en lo contencioso administrativo, Martín Cormick, decidió habilitar la feria judicial para ejecutar la medida cautelar, emitida por el juez Walter Lara Correa durante la semana pasada, que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir con los programas alimentarios vigentes del Ministerio de Capital Humano.
Cabe recordar que estos fueron discontinuados desde febrero, lo que provocó un desabastecimiento en los comedores populares de todo el país de los cuales cientos de miles de personas dependen para comer.
El pedido para habilitar la feria judicial había sido presentado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en esta causa actúan como personería unificada, luego del fallo de la semana pasada del magistrado Walter Lara Correa, que había determinado que el Ministerio de Capital Humano “no innove respecto de los planes y programas alimentarios los cuales deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”.
De esta manera, el juez Martín Cormick hace lugar a la medida cautelar que le exige al Ejecutivo nacional “asegurar de una manera eficaz y sustentable el derecho a la alimentación adecuada” de las personas que asisten a los comedores.
Además, le ordena a la cartera que conduce Sandra Pettovello que “continúe con los programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes”. A su vez, el fallo le pide que “asegure su efectiva ejecución de las partidas alimentarias evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria por cuestiones ajenas a las pautas fijadas por las leyes y resoluciones vigentes hasta tanto se dirima la cuestión de fondo del presente constitucional”.
Desde que se destapó la noticia de los alimentos retenidos a fines de mayo, esta es la octava medida judicial en contra de la ministra.