Bariloche, un ícono de decadencia de la era K

Los lamentables incidentes ocurridos ayer en Bariloche, cuando una turba de personas saqueó un importante hipermercado y otros comercios de la zona, son una cabal muestra de la fractura social que dejó como resultado una década de gobierno kirchnerista.

Estamos hablando de uno de los lugares más bellos del planeta, con paisajes naturales que prácticamente no tienen comparación, pero donde una parte muy importante de sus pobladores vive en la indigencia. Son excluidos sociales que jamás conocieron lo que es la cultura del trabajo. 

Obviamente, todos los actos de vandalismo tienen que ser repudiados, y sus responsables deben ser castigados con todo el peso de la ley. Pero con ello no basta, dado que, si no se modifican las condiciones estructurales de un país que tiene a uno de cada tres habitantes viviendo en la pobreza, dependiendo de las dádivas del Estado y del clientelismo político, estallidos sociales como los de ayer pueden llegar a repetirse en distintas zonas del país. Incluso, ayer mismo, se produjeron incidentes en Rosario y Campana.

Bariloche es una metáfora de lo que ocurre en el país: una ciudad que, además de los estragos provocados por las cenizas, se encuentra estancada, sin posibilidad de recuperarse, producto de medidas como el cepo cambiario, que ha reducido las inversiones a la mínima expresión.

El kirchnerismo no solamente es responsable de esta situación, sino que también obtiene rédito político gracias al empobrecimiento de la población. El enorme aparato clientelar, que condena a miles y miles de compatriotas a sobrevivir con las dádivas que reparte el Gobierno de forma discrecional, actúa también como una máquina de generar votos, que sirve para mantener inalterable el statu quo.

Río Negro es una provincia gobernada, integralmente, por los K. Por un lado, el gobernador Alberto Weretilneck, que proviene del Frente Grande (uno de los partidos seudoprogresistas que forman parte del kirchnerismo), fue en la fórmula con el inefable Carlos Soria, el mandatario asesinado por su esposa, tristemente célebre por su rol como jefe de la Side durante el gobierno de Duhalde. Tras asumir el mando, Weretilneck convocó como funcionario a Fernando Vaca Narvaja, un exdirigente de Montoneros, que fue director de Administración durante el gobierno provincial de Oscar Bidegain, echado por el propio Perón en 1974, por su apoyo a las organizaciones armadas. 

El propio Vaca Narvaja, que está sospechado de haber prestado asistencia en el asesinato de José Ignacio Rucci en 1973, se sublevó contra la democracia usando los fusiles para enfrentar a un gobierno que había sido elegido por el pueblo. Al igual que el resto de la cúpula montonera, fue absolutamente funcional al golpe de 1976, producido seis meses antes de las elecciones presidenciales.

La otra expresión del kirchnerismo en esa provincia es el senador nacional Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada oficialista de la Cámara alta. Se trata de un dirigente que supo ser un furioso menemista, y que ahora es uno de los principales obsecuentes de la Presidenta en el Congreso.

Es lamentable que lo único que se le ocurra al Gobierno para paliar esta terrible situación ocurrida en el sur sea mandar 400 gendarmes para reprimir. Para colmo, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, intentó tapar este drama con un anuncio grandilocuente: la expropiación por parte del Estado nacional del predio de la Sociedad Rural (SRA) en la Capital Federal que, según la administración K, está siendo usurpado por esa entidad.

Pareciera que el kirchnerismo intentara hacer creer que recién llegó ayer a la Casa Rosada, ¿no tuvieron tiempo en estos diez años en la cúspide del poder para darse cuenta de que la entrega de esas tierras a la SRA había sido irregular, cuando existen investigaciones judiciales que se remontan a comienzos de los años ‘90? ¿O estaremos ante un acto meramente mediático para intentar, estúpidamente, esconder el estallido social ocurrido en Bariloche, que podría extenderse a otras zonas del país?

También cabría preguntarse: si una supuesta ocupación ilegal de tierras de alto valor justifica la expropiación por parte del Estado, ¿no debería aplicarse el mismo criterio con las tierras que compró el matrimonio Kirchner en El Calafate a precio vil -7,5 pesos el metro cuadrado- y que luego fueron vendidas al grupo chileno Cencosud (supermercados Disco) a un precio 48 veces superior? Una movida similar habría concretado Alicia Kirchner, actual ministra de Desarrollo Social, pagando 6,75 pesos el metro cuadrado en esa misma ciudad.