Bullrich a la Justicia por el “protocolo antipiquete”: “Esperemos que no se borre”

La legisladora porteña del Frente de Izquierda (FIT), Celeste Fierro, sostuvo que espera que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “no tenga la cobardía de no dar la cara y se borre”, luego de que el juez federal Sebastián Casanello convocara a una audiencia de habeas corpus para el próximo miércoles 14 de febrero por el protocolo de seguridad.

“Espero que la ministra, que es muy valiente en las redes sociales y en dar órdenes de reprimir, no tenga la cobardía de no dar la cara y se borre. El que reprime las paga ministra”, remarcó Fierro en un comunicado de prensa.

Recordemos que, tal y como informó este medio, la audiencia de habeas corpus fue convocada para el miércoles 14 de febrero, a las 11, y desde el Frente de Izquierda anticiparon que van a presentarse junto a organismos y referentes del campo de los Derechos Humanos en la puerta del juzgado en Comodoro Py. Tras conocerse la convocatoria, la legisladora también aseguró que la “medida es un paso importante que nos da la razón”, ya que, aunque no declara el protocolo “inconstitucional ni lo suspende”, le exige a la ministra “atenerse al respeto de los derechos constitucionales de manifestar, y los pactos internacionales en materia de DD. HH.” e informar al Poder Judicial antes de actuar.

Luego de la respuesta al pedido de informes enviado por el Ministerio de Seguridad, el juez pidió a esta cartera que “adecue el llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos” por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Por su parte, Bullrich defendió el protocolo: sostuvo que esa normativa se dictó “por la urgencia de la situación” y “la confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública”. Ese escenario, dijo, “ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida”. También dijo que “el ejercicio de un derecho no puede servir para cometer actos ilícitos” y afirmó que, si se hiciera lugar al reclamo, la Justicia “se estaría entrometiendo en las competencias constitucionales e institucionales propias del Poder Ejecutivo”.