Cartasegna suma más denuncias y se pospone su indagatoria

Esta semana se publicó en el Boletín Oficial que la gobernadora María Eugenia Vidal aceptó la renuncia como fiscal de Fernando Cartasegna. Esta determinación de la mandataria provocó dos cosas: por un lado, la suspensión del proceso de juicio político contra el extitular de la UFI nº 4 y, por el otro, que el ahora exfuncionario judicial se quede sin fueros.

Al producirse esto último, los fiscales Álvaro Garganta y Ana Medina están habilitados a citar a Cartasegna para que preste declaración indagatoria en las causas penales que le habían iniciado. De acuerdo a un vocero judicial, Garganta no ha definido aún citar al extitular de la UFI nº 4, debido a que siguen ingresando denuncias en su contra. “Se trata de irregularidades detectadas en la auditoría de la UFI” que estaba a cargo del ahora exfiscal, explicó un instructor de la UFI nº 11, cuyo titular es Garganta.

Como se recordará, en la UFI nº 11 transita una causa en la que se imputó a Cartasegna por los presuntos delitos de “violación de medios de prueba, incumplimiento de promover la persecución y represión e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y, además, por “falsedad ideológica de instrumento público” en 16 casos, en los que se simulaban presuntas investigaciones que no tenían personas reales constituidas como víctimas de los delitos.

Por su parte, desde la UFI nº 1, la fiscal Ana Medina encabeza una investigación en contra de Cartasegna por “falso testimonio agravado”. Medina investiga el presunto ataque que habría sufrido el ahora exfuncionario judicial en su despacho el 3 de mayo pasado, cuando denunció que intentaron ahorcarlo. 

Cuatro días antes, Cartasegna había denunciado que tres desconocidos -una mujer y dos hombres con uniformes de policías- lo golpearon y amenazaron en inmediaciones del edificio judicial de 7 y 56. En simultáneo, aparecieron panfletos intimidatorios con la foto de Cartasegna y la leyenda: “El próximo Nisman”. Sin embargo, luego se comprobó que habían sido impresos “en un dispositivo instalado en el despacho del fiscal, conectado a su PC, que era de su uso exclusivo”.