Correo Argentino: Mauricio Macri busca impunidad

Pese a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires no tiene jurisdicción en la causa por el Correo Argentino, este le ordenó a la Justicia nacional que trate el recurso de inconstitucionalidad presentado por Socma -el holding de la familia de Mauricio Macri- para que revise la actuación de la jueza que debe resolver la quiebra.

Los abogados de la Sociedad Americana Macri habían presentado un recurso de queja contra la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la cual de-sestimó la recusación contra la titular del juzgado nacional en lo Comercial N° 6, Marta Cirulli. De esta manera, se buscaba apartar a la magistrada de la causa ya que es ella quien debe decidir si hace lugar al pedido de la fiscal Gabriela Boquín y del subprocurador y decretar la quiebra del Correo Argentino.

De acuerdo con el planteo de la familia del expresidente, “existían razones de arbitrariedad y enemistad manifiesta que estaban perjudicando el normal desarrollo del proceso concursal y que generaban y generan graves perjuicios a los intereses de su parte”.

En tanto, la magistrada rechazó la recusación por “inexistencia de causal y justificó en derecho, según su criterio, las decisiones cuestionadas”. En el mismo sentido se pronunciaron la fiscal general y la Cámara Nacional, por considerar que el recurso de Socma fue presentado fuera de tiempo.

Disconforme con esas resoluciones, los abogados de la familia Macri recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, a un fuero que no tiene competencia para intervenir causas nacionales. Sin embargo, este argumentó que tiene la atribución para intervenir en el caso porque es el órgano superior en las causas que tramitan ante la Justicia nacional ordinaria.

Por ello, tres de los cinco integrantes del TSJ le ordenaron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que trate el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión que rechazó la recusación de la jueza a cargo del concurso de quiebra del Correo Argentino. Los jueces que resolvieron a favor de la empresa de la familia Macri son: Inés Weinberg de Roca -quien había sido propuesta por el expresidente de la Nación como procuradora general-; Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia cuando Germán Garavano era ministro, y Mónica Vivian Langhe.

Sin sustento legal

Los otros dos integrantes del Tribunal, Luis Lozano y Alicia Ruiz, coincidieron en que el planteo de la empresa de la familia Macri no tiene sustento legal. “Más allá de invocar el excesivo rigor formal de lo decidido por la Cámara, la (compañía) recurrente no argumenta respecto de la aplicación de las normas procesales tenidas en cuenta para resolver ni articula su crítica al respecto con norma constitucional alguna”, sostuvo la magistrada.

En septiembre del año 2001, se inició la causa por la deuda que el Correo Argentino mantiene con el Estado nacional. Según la investigación de la fiscal, la compañía se benefició con un estado de “eterno” concurso para suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores, lo que implicó “perpetrar actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”.

En 2011, el Correo Argentino S. A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que fueron rechazados por insuficientes y “abusivos”, según los dictámenes de la fiscal Boquín. Actualmente, la deuda asciende a $6.000 millones, según el dictamen de la representante del Ministerio Público, es decir, cinco veces más de los $1.000 millones de deuda que alegan los abogados de la familia del expresidente.

Por pedido de Gabriela Boquín -a la que adhirió el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini-, en marzo del 2020 la jueza Cirulli había dispuesto la intervención judicial del Correo Argentino y, para evitar “potenciales perjuicios a acreedores”, la magistrada ordenó el “desplazamiento total” de los directivos de la empresa.