De Vido y López, a indagatoria por el caso Skanska

Los exfuncionarios K deberán declarar ante el juez Sebastián Casanello en la última semana de octubre por el primer gran caso de corrupción del gobierno de Néstor Kirchner. Son sospechosos de haber cobrado coimas y defraudado a la administración pública

Julio de Vido y su segundo, José López, figuras emblemáticas de la corrupción acaecida durante la última década en la Argentina, deberán dar explicaciones ante la Justicia por su accionar. Ahora les tocará el turno de responder las preguntas por su participación en el caso Skanska, por posible cobro de coimas y defraudación a la administración pública.

Los exfuncionarios K están acusados de haber impulsado, en el año 2005, un concurso privado de precios desde el Ministerio de Planificación, asignándole así a la multinacional sueca Skanska la construcción de dos gasoductos, uno en el norte y otro en el sur del país, ambos con sobreprecios gigantescos que llevaron a que la empresa destinara grandes cifras en concepto de “retornos”.

Ayer, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria por este caso a De Vido y López para la última semana del mes de octubre. La acusación y la solicitud fueron hechas con anterioridad por el fiscal Carlos Stornelli, quien sostiene que los exhombres fuertes del gobierno K formaron“parte de la maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado nacional” y de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas” que favorecieron a la constructora europea.

Para Stornelli, hubo una “gran y compleja organización delictual integrada por funcionarios públicos y particulares”, que podrían haber sido destinatarios de “comisiones indebidas”, repercutiendo en que el Estado argentino perdiera cientos de millones de pesos.

Entramado ilegal

El caso Skanska, que fue reabierto en abril pasado por la Sala IV de Casación, alcanza también a otros exfuncionarios del riñón íntimo del ahora diputado nacional por el FpV. Para Stornelli ambos exfuncionarios fueron claves a la hora del pago de sobreprecios en la construcción de los gasoductos Sur y Norte en cuya construcción participaron, además de la empresa sueca, Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte.

El pedido de indagatoria del fiscal también alcanzaba al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, al exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, y al hombre de confianza de Lopez, Andrés Galera, aunque como  estos últimos ya fueron sobreseídos, su situación está pendiente de resolución.

De la causa judicial se desprende que, quienes manejaron la obra pública por más de doce años en el país, habrían orquestado toda una red de artilugios legales dentro del Ministerio de Planificación para poder llevar adelante su accionar sin ser descubiertos por organismos de contralor como el Enargas, que en esos momentos comandaba el consecuente Fulvio Madaro.

El accionar oscuro también estuvo dado por la creación de diversos fideicomisos a lo largo del tejido ilegal, como la participación activa del entonces gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, otro hombre cercano a De Vido y López que tuvo una profunda intervención en toda la maniobra.  

Accionar sombrío

La causa, que fue el primer gran dolor de cabeza para el kirchnerismo, tuvo como principal acusador a la propia Skanska, que luego de realizar una auditoría interna comprobó que varios de sus empleados facturaron en forma apócrifa, a través de compañías fantasmas, gran cantidad de pagos millonarios para hacerse con la obra pública, ocultando de esa manera las coimas dadas a funcionarios K.

Los directivos de la empresa implicados en el hecho fueron despedidos de la compañía sueca y procesados con el correr de los años por la Justicia nacional, dictándoseles prisión preventiva, lo que llevó a que la compañía pagara multas y reajustes de las facturas truchas por más de 10 millones de pesos a la AFIP.