Denuncian a Conte Grand por la comisión de delitos de acción pública

Julio Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires, junto a Sebastián Scalera y Pablo Rossi, ambos con el cargo de fiscal general adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, fueron denunciados por Adrián Manuel Castillo, acusados de ser “verdaderos engranajes de una intrincada maquinaria diseñada para el logro de espurios fines políticos” para promover su detención durante la gobernación de María Eugenia Vidal.

Castillo indica en el texto de la denuncia: “El análisis que desarrollaré a continuación demostrará en definitiva que he sido víctima, una más de esa maquinaria, que no es otra cosa que la aplicación del denominado mecanismo del lawfare a nivel provincial o doméstico, aunque claramente igual de nocivo e íntimamente relacionado con el acaecido a nivel nacional, cuyo alcance recién ahora está viendo la luz en las investigaciones iniciadas al efecto”.

El denunciante marca también que la exgobernadora acomoda en la Procuraduría a su secretario personal (Conte Grand) y que a partir de allí “el incremento de detenidos en el sistema penitenciario provincial aumentó más del 90%, y el de comisarías, más del 300%”.

En el texto, Castillo se define como víctima de “Conte Grand y sus secuaces” al remarcar: “De un día para el otro y luego de violentos allanamientos, escraches en medios afines y otras actividades similares, me encontré detenido juntamente con mi padre, madre, hermano, y hasta mi abogado. Todo de un plumazo. Y todo ello a raíz de una coordinada acción de parte de quienes señalo como responsables de lo vivido por mí y por mi familia”.

Castillo subraya que la utilización de los sistemas y servicios de inteligencia “fue parte del verdadero modus operandi de los actores de esta siniestra película para lograr el encarcelamiento de personas, su posterior quiebre y obtención de declaraciones en carácter de arrepentidos, incluso armando cuidadosamente esas declaraciones para replicar el mecanismo respecto de terceros, de todo lo cual he sido víctima”.

La denuncia indica que el fin de estas acciones era “claramente político: el esmerilamiento de la oposición, caiga quien caiga y a como dé lugar” y que con el slogan de la pelea contra las mafias se promovía “el armado de causas penales y la utilización de prisiones preventivas como modo de generar arrepentidos y, en base a esas supuestas confesiones, cimentar aquellas causas prácticamente sin elementos de prueba objetivos”.

Castillo sostiene que fue señalado junto a su padre Hugo, su tío Jorge, su madre Elcira Arrieta, Enrique Antequera y a otras personas relacionadas con La Salada, como una asociación ilícita de la que él era jefe. Y aunque en el texto de la denuncia reconoce que en aquel lugar “podrían existir irregularidades de tipo comerciales o laborales, faltas de habilitación, o incluso irregularidades impositivas”, también aclara: “Nunca jamás existió una organización delictual instituida con el fin de cometer delitos indeterminados, tal lo requiere el tipo penal en cuestión”.

Según marca en su versión, el procurador le dió a Scalera la conformación de una Unidad Especial de Investigación, que junto a la AFI y la Gendarmería les otorgaron el mote de “La Mafia de La Salada”.

Ante el acoso del que asegura haber sido víctima, Castillo se pregunta: “¿Acaso se encontraron en el marco de las investigaciones realzadas elementos relacionados al tráfico de drogas, o armas ilegales, o siquiera mercaderías producto de piratería del asfalto, tráfico de personas, de pornografía, contrabando, algo que podríamos encuadrar en aquella abstracción?”.

Con respecto a la relación de su apellido con la proliferación de Saladas y Saladitas, afirma: “El fenómeno La Salada es ni más ni menos que la consecuencia de la combinación de factores del marginal conurbano, el desesperante desempleo, la discriminación social, y la desidia de políticos que no ven en esta variable una solución económica y social para miles y miles de familias, que lejos de ser artífices o partícipes de delitos solo buscan el sustento de su familia”.

Tras describir con lujo de detalles y durante varias páginas la forma en la que fue torturado, envenenado y espiado en la alcaldía de Melchor Romero, en la que se le pedía que implicara gente por Conte Grand señalada para poner en libertad a su familia y dejarlo volver junto a su mujer y sus hijos, Castillo concluye: “Detener sin pruebas, a pesar de las pruebas y más allá de las pruebas (sic) fue la lógica que reinó en los procesos del universo de La Salada. No fue este ya un caso de direccionamiento malicioso de una investigación penal sobre un hecho real, sino lisa y llanamente un verdadera causa armada ex profeso para detener personas, exhibirlas como trofeos en medios afines y crear otra posverdad, elemento típico del lawfare cuya existencia ha quedado en evidencia en la actualidad”.

Los dichos de Castillo no surgen de la mente de alguien que busca venganza, sino de quien quiere justicia. De hecho, fueron señalados hace más de un mes y a este mismo medio por Daniel Llermanos, quien indicó que la alcaldía tenía las celdas cableadas para espiar a los Moyano, otros enemigos públicos de la administración Macri-Vidal. Es turno ahora de la Justicia para buscar la verdad y condenar a quienes durante 4 años persiguieron a empresarios y sindicalistas, buscando generar las cortinas de humo que taparan las evidencias de su propia ineptitud.