Diputados sancionó una batería de medidas para pymes

La Cámara de Diputados de la Provincia sancionó un conjunto de medidas de emergencia para pymes, que habían sido aprobadas en la última sesión de la Cámara alta. También se dio el visto bueno al proyecto nacional de parto humanizado y al que garantiza el derecho a todos los ciudadanos a comprender la información pública, promoviendo el uso y desa­rrollo de un “lenguaje claro” en los textos legales y formales.

La Emergencia Productiva, Económica, Financiera y Tarifaria de las Micro y Pequeñas Empresas fue aprobada por un plazo de 180 días, y con ella se busca impulsar un régimen de beneficios impositivos, además de coordinar líneas de crédito especialmente destinadas al sostenimiento de las empresas más pequeñas, propulsar la formación y capacitación en materia legal, contable, impositiva y administrativa, y desarrollar, en forma conjunta con los municipios, facilidades de pago para regularizar deudas de tasas e impuestos municipales.

El bloque opositor indicó que “para hacer frente a esta situación, grave y excepcional es indispensable la declaración del estado de emergencia; las medidas propuestas son imprescindibles y resultan proporcionadas a la extrema gravedad y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental”.

Por su parte, la Ley de Parto Humanizado establece la adhesión a la ley nacional 25.929, e implica el respeto por los tiempos de la persona gestante, que no haya discriminación ni malos tratos, que se respete su intimidad, la posibilidad de elegir a la persona que acompañe durante el proceso y recibir la información necesaria sobre su propio estado y el del bebé.

Desde la bancada oficialista, remarcaron que con este proyecto “se salda una deuda pendiente con las mujeres y personas gestantes”, y aclararon que la ley “busca velar por el respeto de los procesos fisiológicos, la no medicalización y el cuidado del parto como derecho de salud sexual reproductiva”.

Finalmente, se aprobó la creación de un registro único de trabajadores estatales que hayan sido víctimas de muerte o desa­parición durante la última dictadura cívico-militar.