El futuro de los alquileres y la incertidumbre tras el decreto

El pasado miércoles por la noche, el Presidente de la Nación, Javier Milei, habló en cadena nacional a todos los argentinos y argentinas y detalló 30 de unos 300 puntos que contiene el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que diseñó con el objetivo de desregular la economía y que Argentina “empiece a crecer”.

En ese aspecto, uno de los primeros puntos, y el que más controversia generó, fue el que tiene que ver con al derogación de la Ley de Alquileres, una normativa que afecta a una gran cantidad de ciudadanos que no pueden acceder a la vivienda propia y que en los últimos meses había sido objeto de debate en el Congreso, a tal punto que sufrió algunas modificaciones.

Para explicar el contexto, vale mencionar que la última modificación de la ley indicaba que a partir de ahora los contratos de alquileres debían tener una vigencia de tres años y ajustes cada seis meses. Sin embargo, el anuncio de Milei resolvió la derogación de la normativa y así la situación será totalmente distinta.

De esta forma, la remoción de dicha ley ahora implica que no existe plazo mínimo legal para ningún tipo de contrato de locación, por lo que el plazo será el que pacten las partes. Asimismo, habrá libertad absoluta para determinar el precio, la moneda de pago y los ajustes de los alquileres. También se pueden pactar alquileres en moneda extranjera.

Como otro punto para tener en cuenta, se encuentra el que determina que el locatario puede resolver anticipadamente el contrato en cualquier momento y además se establece una única indemnización en favor del locador que es el equivalente al 10% del monto total que reste abonar del contrato.

Por otra parte, el inquilino tendrá la opción de rescindir el contrato en cualquier momento, pagando el 10% del saldo del alquiler futuro, calculado desde la notificación de rescisión hasta la fecha acordada de finalización.

La voz de los protagonistas

Al respecto de esta situación, uno de los que dialogaron con la prensa fue el referente de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas, Diego Fernández Camillo, quien en ocasiones anteriores se ha mostrado en descontento ante el incumplimiento de la ley y además ha protestado contra las últimas modificaciones.

Camillo se hizo eco de la convocatoria a movilizar que hicieron algunas agrupaciones similares y dijo: “Nosotros no hemos convocado a salir a la calle, porque entendemos que ante todo lo que debe perdurar es la organización”. En ese sentido, agregó: “Nosotros entendemos que las políticas públicas que se venían aplicando desde siempre no eran las correctas”.

Así, consideró que “el sujeto de transformación es el trabajador y la trabajadora”, y recordó: “Hemos dialogado con las palabras que el mercado, que queremos destruir, nos ha impuesto, y nos dimos cuenta que es urgente transformar el acceso justo al hogar y no reformar”.

“Hemos desbaratado el mercado, hemos despertado un monstruo, no deberíamos haber tomado ciertas características de iluminados que demuestran algunos sectores”, consideró Camillo a modo de autocrítica y aseguró: “Lo que queremos nosotros es proteger a nuestro pueblo, comprender que somos parte del mismo, y desde ahí nos vamos a organizar y salir a la calle”.

Por otro lado, al hablar sobre el punto del decreto que habilita el pago del alquiler en cualquier tipo de moneda, dijo que “hace que se complique más la ecuación”, aunque además también ratificó que “otro problema es la concentración de las viviendas, tenemos que estar alertas porque quisimos ir contra migajas cuando los panaderos se estaban llevando los panes”.

“No hay que ir contra el pequeño propietario, sino ir contra quienes realmente concentran el ladrillo en Argentina”, consideró el hombre.

Por otro lado, para ir finalizando, el referente de la organización quiso dejar en claro cuál es el escenario complicado y de incertidumbre que se avecina para todas las personas que viven alquilando en el país y detalló: “Acá hay una transferencia de capitales que estamos destinando al alquiler, el alquiler se lleva cada vez mas, a veces hasta el 80% de nuestro salario”.

Pero, más allá de este escenario de vulnerabilidad para los que inquilinos, Camillo remarcó también que “este cambio puede resultar perjudicial tanto para miles de locatarios que podrían quedarse sin vivienda como para los pequeños propietarios que se ven obligados a vender sus propiedades a precios bajos, una tendencia que viene ocurriendo en los últimos años”.

En tanto, en la vereda del frente, quien vio positiva esta situación fue la miembro de la agrupación Propietarios Unidos de Argentina, Karina González, quien señaló que “la defensa de la propiedad privada y la seguridad jurídica son cruciales. La pronta intervención judicial para recuperar la propiedad y ponerla nuevamente en alquiler, así como la ejecución eficiente de garantías para el cobro, son esenciales”.

Así, la mujer intentó llevar tranquilidad ante la incertidumbre de los acuerdos entre partes y dijo: “Reconocemos la mutua dependencia y estamos comprometidos a cuidar a los buenos inquilinos sin necesidad de intermediarios o representantes”.