El gobierno bonaerense y el campo: un intento de alivio ante la presión fiscal
Ante la protesta del campo, el gobierno convocó a representantes de Carbap, Coninagro y la Federación Agraria Argentina para presentar algunas medidas de alivio fiscal.
El conflicto entre el sector rural de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno de Axel Kicillof escaló debido al aumento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario Rural. Ante la protesta del campo, el gobierno convocó a representantes de Carbap, Coninagro y la Federación Agraria Argentina para presentar algunas medidas de alivio fiscal.
Durante la reunión, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, acompañado de funcionarios de ARBA y Hacienda, anunció el regreso de “bonificaciones” para el pago del impuesto en 2025. Este incentivo estaría dirigido a quienes cumplieron con sus obligaciones impositivas.
Sin embargo, Carbap expresó su descontento recordando que la solicitud de audiencia llevaba 60 días sin respuesta y subrayó que los recientes aumentos superaron el 100%, e impactaron fuertemente a los productores.
El gobierno provincial intentó minimizar la situación al señalar que solo el 9% de las propiedades rurales, aquellas con un valor imponible superior a $39.096.756, se verían afectadas, mientras que el 91% de los contribuyentes quedarían exentos de la suba. Sin embargo, esta explicación no fue suficiente para calmar el malestar generalizado en el sector.
Los representantes agrarios también exigieron mayor “previsibilidad” en el Presupuesto 2025 y pidieron una participación activa en el proceso legislativo para evitar futuras sorpresas fiscales.
El campo también le respondió al Gobierno nacional
En paralelo, las tensiones entre el sector rural y el Gobierno nacional también aumentaron. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, acusó al campo de retener cosechas con fines especulativos, lo que generó un fuerte rechazo.
Carbap criticó las declaraciones de Francos y señaló que el campo sigue siendo una de las principales fuentes de divisas del país, mientras cuestiona la falta de un compromiso real con la reducción progresiva de las retenciones, una promesa que consideran fundamental para sostener la inversión y el crecimiento del sector.