El Gobierno busca impulsar una reforma de seguridad contra el crimen organizado
Con un paquete de normas, el Presidente avanza en una reforma integral del sistema de seguridad.
El Presidente Javier Milei envió al Congreso cuatro proyectos de ley en materia de seguridad para abordar de manera integral la lucha contra la criminalidad organizada.
El paquete incluye una nueva “Ley Antimafias; la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos; la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber para resguardar planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos”.
Son medidas que el Gobierno considera “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.
Los proyectos llevan la firma del Presidente, Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse, y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.
La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y fue diseñada para que pueda aplicarse en varios delitos.
“La ley contra las organizaciones criminales cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó, en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.
En la norma “se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos —tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos— y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal”.
“Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación”, afirma la ley.
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